La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó este sábado un paquete de iniciativas denominado “Agenda Mártires de Chile”, orientado a establecer un estatuto especial de protección para las familias de funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) que fallezcan en actos de servicio durante procedimientos policiales.
Según el documento elaborado por los parlamentarios, la propuesta surge ante el aumento de hechos de violencia contra efectivos policiales y la ausencia de un régimen especial que entregue apoyo permanente a sus familias, más allá de los beneficios previsionales actualmente vigentes. Entre las medidas, la iniciativa plantea modificar el sistema previsional para que la pensión de montepío se calcule sobre el grado que el funcionario habría alcanzado al finalizar su carrera, además de eliminar restricciones para acceder a este beneficio.
En materia educacional, la agenda propone que el Estado financie el 100% de los estudios de los hijos, desde la educación prebásica hasta la obtención de un título técnico o profesional, sin considerar el nivel socioeconómico. La propuesta también contempla becas para estudios de postgrado, recursos para útiles escolares, uniformes y transporte, además de cupos preferentes en establecimientos de excelencia.
El paquete de medidas incluye un aumento del seguro de vida hasta 10.000 UF, con un anticipo del 10% pagadero dentro de las 48 horas posteriores al fallecimiento. En el ámbito habitacional, propone que el Estado adquiera una vivienda de hasta 4.500 UF para las familias que no sean propietarias, además de condonar saldos de créditos hipotecarios vigentes y establecer una exención permanente del pago de contribuciones de bienes raíces.
La iniciativa también considera apoyo psicológico y acompañamiento psicosocial sin límite de tiempo para cónyuges, convivientes civiles, hijos, padres y hermanos dependientes, así como programas de reinserción laboral y la asignación de un abogado financiado por el Estado para representar a las familias en los procesos judiciales derivados del fallecimiento del funcionario.