Podemos proteger a las mujeres dentro de las empresas, pero mientras sigan sosteniendo casi solas el cuidado del hogar, la igualdad laboral continuará siendo una promesa incompleta.
La entrada en vigor de la Ley Karin representó un avance indispensable para Chile. La Ley N.º 21.643 fortaleció la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo, estableciendo que las relaciones laborales deben desarrollarse en un ambiente libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectiva de género.
Era urgente hacerlo. Ninguna persona debería soportar humillaciones, hostigamientos, amenazas o abusos para conservar su empleo. Ninguna mujer debería verse obligada a elegir entre denunciar o proteger su estabilidad económica.
Sin embargo, después de dos años de aplicación, debemos atrevernos a plantear una pregunta incómoda: ¿es suficiente proteger a las mujeres dentro del lugar de trabajo cuando, al regresar a sus casas, las espera una segunda jornada que continúa siendo profundamente desigual?
La respuesta es no.
La Ley Karin puede cambiar protocolos, establecer canales de denuncia y obligar a las empresas a prevenir la violencia. Todo eso importa. Pero ninguna legislación laboral, por necesaria que sea, podrá garantizar una igualdad real mientras la crianza, las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes sigan descansando mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres.
Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2023, las mujeres destinan diariamente dos horas y doce minutos más que los hombres al trabajo no remunerado. No estamos hablando de una diferencia menor ni de una percepción subjetiva. Son más de dos horas al día cocinando, limpiando, organizando, acompañando, cuidando y resolviendo aquello que permite que las familias y, finalmente, toda la economía funcionen.
Ese trabajo no aparece en las liquidaciones de sueldo. No genera cotizaciones previsionales. No entrega vacaciones ni reconocimiento profesional. Sin embargo, tiene consecuencias directas sobre la autonomía económica femenina.
Una mujer que asume casi completamente las responsabilidades familiares dispone de menos tiempo para capacitarse, aceptar un ascenso, participar en reuniones fuera de horario, viajar por motivos laborales o emprender. También tiene mayores probabilidades de interrumpir su trayectoria profesional, reducir su jornada o aceptar empleos más precarios para poder compatibilizar lo que el mercado exige con lo que el hogar demanda.
Después, el sistema llama “falta de experiencia” a los años dedicados a cuidar; “menor disponibilidad” a la sobrecarga doméstica, y “decisión personal” a una renuncia que muchas veces fue la única alternativa posible.
Quizás el mejor ejemplo de esta desigualdad sea el permiso postnatal parental. Aunque nuestra legislación permite que parte de este beneficio sea transferida al padre, su utilización por los hombres ha sido históricamente ínfima. Un estudio encargado por la Subsecretaría del Trabajo consigna que, en 2018, apenas un 0,2% de los padres utilizó el permiso postnatal parental.
Esa cifra revela algo mucho más profundo que una preferencia familiar. Expone una cultura que sigue considerando a la madre como cuidadora principal y al padre como colaborador ocasional. También muestra las presiones de un mercado laboral que suele penalizar la maternidad, pero rara vez espera de los hombres un compromiso equivalente con la crianza.
Entonces, ¿de qué igualdad de oportunidades hablamos?
Abrir espacios para que las mujeres entren al mercado laboral es apenas el primer paso. Si ellas deben competir después de haber preparado desayunos, coordinado controles médicos, llevado a los hijos al colegio, cuidado a sus padres y organizado silenciosamente la vida familiar, la cancha nunca estuvo nivelada.
En esas condiciones, muchas políticas de inclusión corren el riesgo de transformarse en gestos cosméticos: directorios con presencia femenina, fotografías corporativas diversas y discursos sobre liderazgo, mientras las estructuras profundas permanecen intactas.
La corresponsabilidad no consiste en que los hombres “ayuden” en la casa. Ayudar supone colaborar con una obligación ajena. Corresponsabilidad significa asumir que cuidar, criar y mantener un hogar son deberes compartidos.
Para avanzar de verdad, el Estado debe fortalecer un sistema integral de cuidados, ampliar el acceso a salas cuna sin discriminaciones asociadas al género de quien trabaja y diseñar permisos parentales que incentiven —e incluso reserven— un periodo efectivo para los padres. Las empresas, por su parte, deben comprender que la conciliación no es un beneficio destinado exclusivamente a las madres. La flexibilidad horaria, el teletrabajo cuando sea posible y los permisos para responsabilidades familiares deben estar disponibles para mujeres y hombres sin castigos profesionales encubiertos.
También se necesita un cambio cultural. Mientras se felicite al padre que lleva una vez a sus hijos al médico, pero se cuestione a la madre que solicita permiso para hacer exactamente lo mismo, seguiremos reproduciendo la desigualdad que decimos querer eliminar.
La Ley Karin protege la dignidad de las personas dentro del trabajo y constituye una conquista que debemos defender. Pero su promesa de igualdad encontrará un límite si no nos atrevemos a transformar también la distribución del cuidado fuera de la oficina.
Legislar contra el acoso y la violencia laboral es urgente. Pero será insuficiente si el Estado y las empresas no transforman la cancha del cuidado en el hogar.
Porque no existe un entorno laboral verdaderamente justo cuando la mitad de quienes participan en él comienza cada jornada cargando, además, con el peso invisible de sostener la vida de los demás.
Leslie Estay Rojas | Ingeniero Civil Industrial | Empresaria | Mamá | Dueña de casa.