• La exministra y exvocera de Gobierno calificó las 56 reducciones de pena concedidas a condenados por abuso sexual y violación de menores como «un error gravísimo» y exigió una aclaración pública del Mandatario, así como disculpas del titular de Justicia, Fernando Rabat.

  • Rubilar defendió además al exministro Hernán Larraín frente a las descalificaciones del presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, llamando a la cohesión política y a resguardar la figura presidencial.

En medio del intenso debate político y legal generado por la entrega de beneficio administrativo de rebaja de penas a 56 personas condenadas por abuso sexual y violación de menores, la exministra de Estado y exvocera de Gobierno, Karla Rubilar, emitió duras declaraciones cuestionando la gestión del Ejecutivo frente a este episodio, calificándolo de «un error gravísimo» y manifestando su profunda preocupación por el impacto institucional y político que ha caído sobre el Presidente de la República, José Antonio Kast.

Rubilar enfatizó el impacto que esta situación genera en el entorno institucional y en la imagen de la primera magistratura:“Yo extraño que alguien cuide al Presidente de la República.Con este tipo de decisiones el daño muchas veces es demasiado grande y hoy el Presidente está pagando un costo político y público altísimo por acciones y defensas erradas de sus colaboradores”.

Cuestionamientos a la gestión del Ministerio de Justicia y exigencia de disculpas

La exsecretaria de Estado fue especialmente crítica con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en relación con las defensas iniciales formuladas por el secretario de Estado, quien argumentó haber actuado en estricto cumplimiento de la doctrina de la Corte Suprema. Para Rubilar, las declaraciones del ministro señalando que actuaría de igual forma representan «una de las declaraciones más erradas» y un severo revés para las víctimas de agresiones sexuales y sus familias.

“El ministro Rabat debe pedir disculpas públicas, porque detrás de cada una de estas decisiones hay familias a las cuales les costó muchísimo lograr una condena. Hay un dolor desgarrador detrás, una incertidumbre profunda y el temor latente de no saber si el agresor de sus niños y niñas está en libertad”, enfatizó la exministra.

Si bien valoró que el Ejecutivo anunciara la suspensión de la tramitación de nuevos decretos administrativos de reducción de condena tras detectar vacíos legales, Rubilar sostuvo que dicha medida es solo un primer paso insuficiente si no viene acompañada de una vocería directa y transparente desde La Moneda.

El llamado a una declaración pública del Presidente Kast

Karla Rubilar consideró indispensable que el Mandatario realice una declaración pública ante el país aclarando que no estaba al tanto de los decretos específicos que benefician a condenados por delitos de tan alta gravedad.

“Es indispensable que la ciudadanía escuche del propio Presidente que él no conocía el detalle de estos decretos y que, de haberlo sabido, jamás habría permitido rebajas de penas para abusadores o violadores de menores. Esa aclaración sería un bálsamo de certeza para miles de familias que hoy observan con angustia esta situación”.

Rubilar añadió que, si bien puede comprenderse el respaldo personal o humano del Mandatario hacia el ministro Rabat, la responsabilidad pública exige priorizar la certidumbre social y la protección a las víctimas por encima de la defensa a las autoridades del Gabinete.

Defensa a Hernán Larraín y críticas al presidente del Partido Republicano

En el marco de esta polémica, Rubilar también abordó los cuestionamientos cruzados entre sectores del oficialismo y de la derecha, saliendo en defensa del exministro de Justicia Hernán Larraín. Las palabras de la exautoridad surgen como respuesta a los dichos del presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, quien ironizó sobre la tramitación de leyes durante la administración del expresidente Sebastián Piñera en vinculación con el caso de Colonia Dignidad.

Rubilar catalogó a Larraín como un «servidor público de tomo y lomo» y señaló que“duelen las declaraciones del senador Squella, quien en el fondo sabe que Larraín impulsó normativas clave como la Ley 21.421 para excluir precisamente este tipo de beneficios a los delitos contra menores”.

Postura sobre los beneficios administrativos y el rol del Poder Judicial

Finalmente, al ser consultada sobre el marco legal de las rebajas de condena por la vía administrativa, Karla Rubilar sostuvo que este tipo de resoluciones constituyen un mecanismo que debe ser revisado estructuralmente.

A juicio de la exministra, la entrega discrecional o administrativa de beneficios carcelarios debe ser erradicada en casos de delitos graves, dejando la evaluación exclusiva en manos de los tribunales de justicia:“Lo que corresponde en un Estado de Derecho ante delitos violentos o abusos a menores es que sea el Poder Judicial el que determine caso a caso la procedencia de cualquier medida, evaluando los antecedentes de manera rigurosa y no a través de decretos administrativos”.

Fuente T13 en Vivo.