• El tribunal rechazó la solicitud de inadmisibilidad presentada por la defensa del parlamentario socialista, reconociendo la legitimación ciudadana por eventual afectación al principio de probidad pública.

  • La investigación aborda el retiro sin autorización de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza durante una gira internacional, trámite que habría incidido en el cálculo de quórums parlamentarios.

  • Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, donde la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso ya sustancia una indagatoria penal de oficio.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió declarar admisible la querella criminal interpuesta contra el senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, y todos quienes resulten responsables, en el marco de la indagatoria conocida públicamente como el «Caso Firmas». La acción judicial apunta a esclarecer la presunta falsificación y uso malicioso de documentos oficiales utilizados para retirar, sin el consentimiento de sus titulares, los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza.

Con esta resolución, el tribunal desestimó el incidente de inadmisibilidad promovido por la defensa del parlamentario y ordenó remitir la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público para su incorporación a la carpeta investigativa. Asimismo, el juzgado precisó que cualquier eventual solicitud de promoción de desafuero que surja durante el proceso deberá tramitarse estrictamente conforme a lo dispuesto en el artículo 416 del Código Procesal Penal.

El origen del caso y los delitos indagados

La acción penal fue presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, bajo el patrocinio del abogado Raimundo Palamara, imputando los presuntos delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso, además de falsificación y uso de instrumento privado.

Según los antecedentes expuestos en el libelo, los hechos se remontan a la tramitación administrativa mediante la cual se dejaron sin efecto los permisos constitucionales de los senadores Órdenes y Espinoza —quienes se encontraban ausentes del país acompañando una gira oficial por Asia— mediante el uso de sus rúbricas sin contar con autorización previa. De acuerdo con la parte querellante, dicha maniobra habría tenido por objeto alterar el cálculo de los quórums en la Cámara Alta e incidir en el desarrollo de votaciones legislativas relevantes, entre ellas la discusión del Presupuesto 2027.

En su presentación, la querellante atribuye la materialización de la falsificación documental a al menos un funcionario vinculado al comité del Partido Socialista, quien habría actuado siguiendo instrucciones emanadas del senador Castro.

Controversia jurídica: probidad pública vs. legitimación activa

Uno de los puntos centrales del debate previo a la resolución fue la admisibilidad procesal de la acción:

  • La postura de la defensa: Los representantes legales de Juan Luis Castro solicitaron al tribunal rechazar a trámite la querella, sosteniendo que la Fundación Fuerza Ciudadana carece de legitimación activa al no revestir la calidad de víctima directa de los hechos denunciados. Asimismo, argumentaron que el ejercicio del cargo de senador no conlleva por sí solo abuso de funciones ni uso de atribuciones propias en la gestión administrativa de permisos, añadiendo que las eventuales falsedades documentales no configurarían un ilícito contra la probidad pública y que la Fiscalía ya había iniciado diligencias por cuenta propia.

  • El criterio del tribunal y el querellante: El Juzgado de Garantía acogió la tesis de la parte querellante, que invocó el artículo 111 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 8° de la Constitución Política de la República. El fallo establece que, tratándose de hechos que podrían comprometer el principio de probidad pública en el funcionamiento de un poder del Estado, cualquier persona habilitada puede ejercer la acción penal pública.

Descargos del senador Castro y nuevas diligencias solicitadas

En el plano político y comunicacional, el senador Juan Luis Castro ha sostenido que el episodio respondió a un problema de coordinación interna y administrativa. Según sus declaraciones, se limitó a reiterar una instrucción vinculada a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, condicionada expresamente a que se consultara con anterioridad a los parlamentarios involucrados.

El legislador explicó además que en los comités parlamentarios del Senado existe un banco de firmas digitales destinado a agilizar trámites administrativos rutinarios, subrayando que, una vez constatada la ausencia de autorización previa de los senadores Órdenes y Espinoza, instruyó la anulación inmediata del trámite y tomó contacto directo con la senadora Órdenes para aclarar la situación. Su entorno recalcó que el proceso se encuentra en una etapa preliminar de investigación y que rige plenamente el principio de presunción de inocencia.

No obstante, a raíz de las declaraciones públicas en las que Castro aludió a una instrucción asociada a la timonel socialista, el abogado querellante Raimundo Palamara anunció que solicitará al Ministerio Público citar a declarar a Paulina Vodanovic en calidad de imputada, con el fin de determinar el origen y alcance de las órdenes impartidas dentro de la colectividad.

Investigación paralela del Ministerio Público

De manera paralela a la tramitación en el Juzgado de Garantía, la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de su Unidad Regional Anticorrupción y bajo la conducción de la fiscal regional Claudia Perivancich, mantiene abierta una investigación penal de oficio tras conocerse las denuncias sobre eventuales irregularidades en las presentaciones ingresadas ante la Secretaría del Senado.

El equipo investigador del Ministerio Público ya decretó las primeras diligencias, entre las que se cuentan la solicitud de documentación oficial interna de la Cámara Alta, el levantamiento de registros administrativos sobre el uso de firmas digitales y la revisión de las grabaciones de las sesiones parlamentarias correspondientes, con el objetivo de reconstruir la secuencia exacta de los hechos, establecer si existió afectación efectiva en los quórums de votación y determinar las responsabilidades penales individuales.