En lo que es calificado por diversos sectores sociales como un histórico y violento portazo a los derechos de los consumidores, esta semana entró en vigencia la nueva normativa que regula las cobranzas extrajudiciales en el país. La medida elimina la obligación de utilizar prefijos telefónicos específicos e identificables para este tipo de llamadas, permitiendo que las agencias de recaudación utilicen números de red móvil normales y corrientes, los que aparecerán en las pantallas de los usuarios de forma completamente anónima.

Con esto, se desmantela de golpe una de las políticas de protección al consumidor más celebradas del último tiempo, la cual permitía a los ciudadanos identificar y decidir si atender o no los requerimientos de las empresas de cobranza.

Adiós a la transparencia: El regreso del “teléfono oculto”

El nuevo marco regulatorio argumenta que la medida busca “sincerar y agilizar los canales de contacto” entre los acreedores y los deudores en un contexto de alta morosidad. Sin embargo, la letra chica de la norma genera profunda indignación: al mostrarse como llamadas móviles comunes y corrientes, las empresas eluden los filtros automáticos de spam y confunden deliberadamente al usuario, quien muchas veces atiende por temor a que se trate de una emergencia familiar o laboral.

“Esto es un despropósito que vulnera el derecho a la tranquilidad de las personas. Volvemos a la época oscura donde los ciudadanos son bombardeados a cualquier hora por llamadas automatizadas disfrazadas de números particulares. Se legisló de espaldas a la gente y de frente al lobby de las grandes financieras”, fustigaron desde agrupaciones de defensa al consumidor.

El impacto psicológico y la desprotección ciudadana

Expertos en salud mental y deudores civiles advierten que la eliminación de los prefijos disparará los niveles de ansiedad en un segmento de la población que ya se encuentra fuertemente estresado por la situación económica actual. Bajo el sistema anterior, el consumidor podía gestionar su tiempo y responder cuando estuviera preparado; hoy, la incertidumbre es total.

Además, tecnólogos de la información señalan que este cambio normativo abre una peligrosa ventana para las estafas telefónicas (vishing). Al normalizarse que desconocidos llamen desde números celulares comunes para exigir cobros o verificar datos financieros, los delincuentes e impostores tendrán el escenario ideal para engañar a la población más vulnerable, especialmente a los adultos mayores.

La crítica al rol fiscalizador

La entrada en vigencia de esta medida deja en una posición sumamente incómoda y debilitada a los organismos de protección al consumidor. Al no existir un registro público y transparente de los números utilizados por las agencias de cobranza extrajudicial, comprobar el acoso, las llamadas fuera de horario o las presiones indebidas se vuelve una tarea prácticamente imposible para el ciudadano común, quien ahora carga con la obligación de registrar y demostrar el hostigamiento.

Mientras los defensores de la medida aseguran que esto dinamizará la recuperación de activos y saneará la cartera de créditos, en la práctica se traduce en la legalización de una invasión desmedida a la privacidad telefónica de los chilenos, transformando el celular —una herramienta esencial de vida— en un campo de batalla diario contra el acoso corporativo.

Puntos Críticos de la Nueva Normativa:

  • Anonimato corporativo: Las llamadas de cobranza se camuflan como contactos personales de telefonía celular.

  • Invasión de filtros: Se vulneran los bloqueos de seguridad y aplicaciones de identificación de spam.

  • Riesgo de fraude: Facilita el escenario para que estafadores simulen ser agentes de cobranza legítimos.

  • Indefensión: Se debilita la capacidad del usuario para denunciar malas prácticas ante los entes fiscalizadores.