El Ejecutivo presentó ante el Senado una reforma constitucional que incorpora un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, como parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, según informó BioBio. La propuesta contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental orientadas a reforzar las herramientas del Estado frente a amenazas vinculadas al crimen organizado.

El mecanismo podrá activarse ante una amenaza contra la seguridad pública o cuando esta haya sido afectada, según el proyecto. La declaración inicial tendrá una duración de hasta 120 días, prorrogable por un período igual sin requerir aprobación del Congreso Nacional. A partir de la tercera extensión se necesitará el acuerdo parlamentario.

Durante la vigencia de este estado, el Presidente quedará facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de locomoción y de reunión, así como para interceptar comunicaciones y disponer la requisición de bienes. Las zonas afectadas quedarán bajo la autoridad de un Oficial General designado por el mandatario, quien deberá informar al Congreso sobre las medidas adoptadas.

La reforma también prevé que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con Carabineros y la Policía de Investigaciones en las áreas declaradas en excepción. Los mecanismos de coordinación serán establecidos mediante una ley orgánica constitucional. Actualmente, la Constitución de 1980 contempla cuatro estados de excepción: de asamblea, de sitio, de emergencia y de catástrofe, cada uno con causales y atribuciones específicas.