Un análisis elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello concluyó que durante el estado de excepción en la Macrozona Sur se registró una disminución en los principales indicadores de violencia. El estudio, realizado por Pablo Urquízar, Vicente Abrigo y Francisca Adasme, comparó dos períodos de 1.419 días antes y después de la entrada en vigencia de la medida en mayo de 2022.
Según el informe, las denuncias totales por hechos delictivos cayeron 42,6%, pasando de 4.840 a 2.779 casos. La Región del Biobío registró una reducción de 49,4%, Los Lagos de 50,8%, Los Ríos de 46,2% y La Araucanía de 38,9%. Los homicidios descendieron de 36 a 15 casos (58,3%), con las mayores caídas en las provincias de Arauco (73,3%) y Malleco (61,5%). Los incendios disminuyeron 45,5% y las usurpaciones 67,1%.
El análisis detectó disminución en la actividad de grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (20,5%), Weichán Auka Mapu (39,5%) y Resistencia Mapuche Lafkenche (62,5%). El documento consigna la emergencia de nuevos grupos en el período analizado. Los daños a vehículos mostraron resultados dispares: cayeron en Biobío y La Araucanía, pero aumentaron en Los Ríos (64,7%) y Los Lagos (71,4%), regiones no cubiertas por la medida.
El estado de excepción ha sido prorrogado desde su implementación. El 17 de agosto, el Congreso aprobó una nueva extensión por 30 días. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló en esa ocasión que solicitaba continuar con una decisión que ha dado resultados, según consignó La Tercera. El estudio consideró que durante el período analizado entraron en vigencia al menos seis leyes de seguridad y se ejecutaron operativos policiales que pudieron incidir en los resultados de forma independiente al estado de excepción.