El Ministerio Público ha confirmado la apertura de una investigación penal de oficio tras conocerse graves denuncias sobre la presunta falsificación de una firma al interior del Senado, hecho que habría permitido validar documentación oficial de manera irregular durante la tramitación legislativa.
La indagatoria busca determinar la veracidad de los antecedentes revelados recientemente, establecer quiénes tuvieron participación directa o indirecta en la adulteración del documento y esclarecer si existen responsabilidades administrativas o penales vinculadas a los delitos de falsificación de instrumento público y suplantación de identidad.
Desde la Fiscalía señalaron que las primeras diligencias incluirán la solicitud de los registros documentales y digitales originales a la Secretaría General del Senado, la toma de declaraciones a funcionarios y parlamentarios involucrados, así como peritajes caligráficos e informáticos destinados a reconstruir la trazabilidad del documento cuestionado.
Por su parte, desde la Mesa del Senado manifestaron su total disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos, anunciando además la instrucción de un sumario administrativo interno para determinar eventuales fallas en los protocolos de control y validación de firmas de la corporación.
El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político, motivando llamados transversales de distintos sectores parlamentarios para garantizar la máxima transparencia, celeridad en las pericias y sanciones ejemplificadoras en caso de comprobarse los ilícitos denunciados.

