Una verdadera prueba de fuego legislativa comenzó a enfrentar el palacio de La Moneda. El Gobierno entró de lleno en la fase más crítica para defender su proyecto de reajuste al ingreso básico, el cual contempla un incremento de $14.000 mensuales. Con los votos justos en las comisiones técnicas y la presión de un calendario legislativo asfixiante, el diseño económico del Ejecutivo pende de un hilo en el Congreso Nacional.

La iniciativa, que busca actualizar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a los vaivenes de la inflación, se ha transformado en el principal campo de batalla político entre el oficialismo y los sectores de oposición, quienes acusan que la cifra pone en riesgo la estabilidad del empleo formal.

“Estamos en una línea roja. Esos 14 mil pesos no son un lujo, son un piso mínimo de dignidad para miles de familias que ven cómo el costo de los alimentos no da tregua. Dejar caer este proyecto por trinchera política sería un golpe directo a la clase trabajadora”, advirtieron desde el equipo político de Gobierno en los pasillos de Valparaíso.

Los dos frentes que amenazan el reajuste

El despliegue de los ministros del comité político y de la cartera de Trabajo se concentra en desactivar dos grandes focos de conflicto que amenazan con desmantelar la propuesta:

  • La ofensiva de la oposición: Bloques parlamentarios de centroderecha y derecha exigen que cualquier incremento vaya indexado a un subsidio estatal directo y permanente para las micro, pequeñas y medianas empresas, advirtiendo que votarán en contra si el Ejecutivo no cede en la entrega de nuevos recursos públicos.

  • La rebelión de los gremios pymes: Las multigremiales del sector productivo menor han intensificado su lobby en el Senado, argumentando que el tejido empresarial de menor tamaño no está en condiciones de absorber mayores costos laborales en el actual escenario de lento dinamismo económico.

Negociaciones a contrarreloj

Con el fin de evitar un fracaso legislativo que signifique un duro revés político, Hacienda ya comenzó a barajar fórmulas de consenso de última hora. Entre las opciones que se evalúan contrarreloj destaca una flexibilización en los tramos tributarios para las empresas que demuestren caídas en sus ventas, además de un aumento acotado en las asignaciones familiares.

Las próximas 48 horas serán determinantes. De no mediar un acuerdo rápido en las comisiones unidas, el Gobierno arriesga que el proyecto sea rechazado en su idea de legislar, lo que obligaría a forzar una compleja comisión mixta y postergaría de forma indefinida el alivio económico esperado para los trabajadores de menores ingresos.