Durante años, la narrativa oficial y los matinales de televisión han abordado el fenómeno del narcotráfico en las poblaciones vulnerables desde una perspectiva estrictamente policial. Nos muestran los tiroteos, los autos de alta gama, las balaceras en los funerales y los imponentes operativos de las fuerzas de seguridad que prometen recuperar el orden. Sin embargo, hay una pregunta incómoda que rara vez se profundiza: ¿Por qué, a pesar del evidente peligro y la violencia que arrastran, las bandas criminales logran mantener una sólida red de protección y lealtad entre los propios vecinos?
La respuesta no es agradable, pero es urgente mirarla de frente. El narcotráfico no sobrevive en los barrios populares únicamente a punta de terror y armas; sobrevive porque ha aprendido a operar donde el Estado ha decidido replegarse. En el vacío que deja la falta de oportunidades, la precariedad habitacional y la desconexión social, el crimen organizado monta su propia sucursal de asistencia pública.
Para entender la “protección” que los delincuentes reciben en el tejido barrial, hay que sacudirse el prejuicio de que toda una población está coludida por opción. Lo que ocurre es un fenómeno de control social y legitimidad pragmática. Cuando una vecina no tiene dinero para costear los medicamentos de una enfermedad crónica o el tratamiento de un hijo, y el sistema de salud la tiene en una lista de espera infinita, no es el Estado el que llega a resolver la urgencia. Muchas veces es el traficante del pasaje quien financia la receta. Cuando un club deportivo local necesita camisetas o un joven requiere un préstamo rápido que ningún banco formal le otorgaría por su dirección o su falta de contrato, el “benefactor” de la esquina extiende la mano.
El narcotráfico en los márgenes urbanos no es solo una empresa criminal; opera como un perverso Estado de bienestar paralelo.
Esta red de favores y asistencialismo no es gratis, por supuesto. Construye una deuda moral y un escudo humano invisible. El silencio pasa a ser la moneda de cambio. La información no llega a las policías no solo por el legítimo y paralizante temor a las represalias —que es real—, sino también porque para un sector de la comunidad, denunciar al narco significa denunciar al único que les entrega una seguridad material inmediata, aunque sea bajo una calma armada.
El verdadero problema de fondo es que la intervención pública suele llegar tarde y mal. El Estado chileno entra a las poblaciones con blindados y sirenas, realiza detenciones masivas para la foto del día siguiente y luego se retira, dejando el mismo paisaje de abandono. Las intervenciones urbanas sin un proyecto social de largo plazo son solo analgésicos para una enfermedad terminal. Si tras un operativo policial las plazas siguen a oscuras, los colegios siguen desfinanciados y los jóvenes no ven un futuro laboral viable fuera del circuito del dinero fácil, el territorio simplemente cambiará de dueño, pero la dinámica seguirá intacta.
El control territorial de las bandas criminales se combate desarticulando sus finanzas y quitándoles las armas, sí, pero sobre todo disputándoles la legitimidad en el día a día. Mientras la presencia del Estado se traduzca solo en un carro policial que patrulla de vez en cuando y no en una red de protección social robusta, salud oportuna y educación de calidad, el narco seguirá siendo visto por algunos como un mal necesario. La verdadera batalla contra el crimen organizado no se ganará cuando las poblaciones dejen de proteger al narco, sino cuando sientan que el país, finalmente, las protege a ellas.