Equipos de rescate realizan operaciones de búsqueda de sobrevivientes tras dos potentes terremotos, de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, que sacudieron La Guaira, Venezuela, el 30 de junio.
El 24 de junio, dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela. El saldo fue catastrófico: se reportaron más de 6,000 muertos, decenas de miles de heridos y miles de desaparecidos. Más allá de la pérdida de vidas y los enormes daños económicos, el desastre puso al descubierto un problema más profundo. Su magnitud no puede explicarse únicamente por la geología. Las decisiones humanas también influyeron. Los terremotos son fenómenos naturales, pero sus consecuencias están determinadas por la sociedad. La magnitud de los daños depende de la calidad de la construcción y del cumplimiento de las normas de seguridad.
También depende de la capacidad del Estado para anticipar riesgos y responder eficazmente ante un desastre. Cuando se producen derrumbes masivos de edificios, los investigadores deben ir más allá del terremoto en sí. La supervisión deficiente, las viviendas informales y la mala planificación urbana pueden convertir un peligro natural en una catástrofe humanitaria. Esto plantea una cuestión más amplia para América Latina: ¿Qué tan extendidas están estas vulnerabilidades y es necesario que ocurra otro gran desastre antes de que los gobiernos actúen con decisión? Venezuela cuenta con normas de construcción sismorresistentes desde hace décadas. Las instituciones técnicas del país han abordado repetidamente el riesgo sísmico y la vulnerabilidad estructural. El problema fundamental no radica simplemente en si existen regulaciones, sino en si se hacen cumplir. Informes y evaluaciones técnicas citados por instituciones venezolanas han señalado problemas recurrentes como el incumplimiento de los códigos de construcción y la supervisión deficiente.
Organizaciones internacionales, como el Servicio Geológico de Estados Unidos y agencias de la ONU dedicadas a la evaluación de desastres, también han destacado la importancia de la vulnerabilidad estructural para determinar el impacto humano de los terremotos. La lección es sencilla: la fuerza de un terremoto importa, pero también la fortaleza de la sociedad que lo afronta. En Venezuela, la debilidad institucional se ha vuelto cada vez más difícil de separar del deterioro político y económico generalizado del país. Los funcionarios que no cumplen con sus deberes debilitan las instituciones públicas. Cuando se descuidan las inspecciones o se ignoran las normas de construcción, las consecuencias pueden permanecer ocultas durante años.
Un terremoto puede dejar al descubierto repentinamente esas deficiencias. La corrupción agrava el problema. Cuando se otorgan permisos de forma irregular o los contratos públicos carecen de transparencia, los ciudadanos corren peligro. Cuando se aceptan materiales de baja calidad, la corrupción deja de ser un delito político abstracto y se arraiga en las estructuras físicas donde las personas viven y trabajan. También es necesario distinguir entre negligencia y corrupción. No todos los fallos institucionales implican robo o enriquecimiento personal.
Algunos se deben a la incompetencia, la falta de recursos o el deterioro gradual de los estándares profesionales. Esa distinción es importante porque la rendición de cuentas debe basarse en pruebas. Los investigadores deben determinar qué organismos fueron responsables de las inspecciones, qué normas se aplicaron y si se ignoraron las advertencias. También deben examinar el papel de los contratistas privados y los funcionarios públicos. Cuando se demuestre corrupción o un desprecio deliberado por la seguridad, deberán aplicarse sanciones. Cuando los fallos se deban a instituciones débiles o a una capacidad técnica insuficiente, es necesaria una reforma.
La rendición de cuentas no debe sustituir a las pruebas, ni convertirse en un instrumento de venganza política. Su propósito debe ser establecer responsabilidades y evitar que se repitan los mismos errores. Esto es especialmente importante en un país donde la confianza pública se ha visto gravemente debilitada. Venezuela ha sufrido años de deterioro institucional, clientelismo y polarización política. Estas condiciones crean un terreno fértil para la impunidad y facilitan que las fallas administrativas se normalicen. El terremoto puso de manifiesto las consecuencias de esa normalización. La respuesta ahora debe ir más allá de la ayuda de emergencia.
Se debe realizar una evaluación independiente de las estructuras dañadas y vulnerables, y hacer públicos los resultados. Las escuelas y los hospitales deben recibir atención inmediata. También se deben evaluar los edificios residenciales antiguos ubicados en zonas de alto riesgo. Los permisos de construcción y los contratos de reconstrucción importantes deben someterse a una revisión transparente. Los ingenieros e inspectores deben poder denunciar las infracciones sin injerencia política. Las comunidades informales requieren atención especial. Muchas familias viven en zonas vulnerables porque no tienen otra alternativa viable.
Fortalecer estos barrios requerirá asistencia técnica y métodos de construcción más seguros, en lugar de castigar a los residentes. Las organizaciones internacionales pueden aportar conocimientos especializados y evaluaciones independientes. Su papel debe ser práctico y cuantificable. Venezuela necesita ayuda para fortalecer sus instituciones y reducir los riesgos futuros, no solo expresiones de preocupación tras un desastre. Sin embargo, la responsabilidad de la reforma recae en última instancia en Venezuela. El país debe determinar dónde fallaron los funcionarios públicos y si esos fallos se debieron a corrupción, negligencia o incapacidad institucional.
La justicia debe prevalecer donde se puedan probar las irregularidades. La reforma debe implementarse donde las instituciones hayan fallado. La lección va más allá de Venezuela. En toda América Latina, el rápido crecimiento urbano a menudo ha superado la eficacia de la regulación. La vivienda informal se ha expandido mientras las instituciones públicas luchan por supervisar la construcción y prepararse para los desastres. Los terremotos no se pueden prevenir. Sin embargo, el colapso de estructuras vulnerables no siempre es inevitable. Los daños causados por un desastre natural reflejan decisiones tomadas mucho antes de que comience el temblor. Los gobiernos deciden si se aplicarán las regulaciones. Las instituciones deciden si se tomarán en serio las advertencias.
Por lo tanto, la tragedia de Venezuela debe entenderse como algo más que un evento sísmico. Es también una advertencia sobre lo que sucede cuando la debilidad institucional se normaliza. Si se ignora esa advertencia, el próximo terremoto podría dejar al descubierto los mismos fallos una vez más.
Autor: Carlos Cantero es un académico chileno de la Universidad Internacional de La Rioja (España) y autor de «Sociedad digital: razón y emoción». Conferencista, asesor y consultor internacional, se especializa en ética, innovación social y desarrollo humano. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente del autor.