El biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange, se refirió este martes a las críticas formuladas por empresas de servicios básicos respecto del artículo 32 del proyecto de Reconstrucción Nacional. La norma establece que distribuidoras de electricidad, agua y gas deben reconectar gratuitamente y sin exigir pagos previos a usuarios residenciales y pymes en zonas afectadas por catástrofe, incluso si mantienen suspensión por deudas anteriores. El texto contempla compensaciones automáticas en caso de incumplimiento de plazos.
La disposición, ingresada por la oposición, fue retirada inicialmente en comisiones del Senado, pero fue repuesta en Sala y quedó en el texto despachado. El Ministerio de Hacienda formuló reserva de constitucionalidad sobre el artículo. En una carta publicada en El Mercurio, representantes de Empresas Eléctricas A.G., la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) cuestionaron la medida.
Según los gremios, la norma introduce una señal de política pública que extiende una medida de solidaridad a obligaciones incumplidas con anterioridad a la emergencia, debilitando los incentivos al cumplimiento. Los firmantes solicitaron rediseñar el texto para que beneficie a quienes lo necesitan sin alterar las reglas de operación de servicios esenciales.
Consultado sobre la postura empresarial, De Grange afirmó que la expectativa del sector privado y del gobierno no siempre confluyen directamente. El biministro agregó que es necesario tener un sentido de realidad para garantizar que los servicios básicos como electricidad, agua potable y telecomunicaciones sean repuestos con la seguridad de que las familias lo necesitan.
De Grange concluyó que el gobierno realizará todas las gestiones para avanzar en esa discusión, aunque reconoció que es legítimo que existan visiones diferentes. Fuente: La Tercera.