Entre dietas vitalicias, trasladación y gastos operacionales de oficina, la mantención de los ex Jefes de Estado implica un presupuesto fiscal anual cercano a los $850 millones de pesos pagados a través del Senado.
La discusión sobre el gasto público y los privilegios de las autoridades y exautoridades de la República vuelve al centro del debate presupuestario y legislativo. En Chile, la mantención económica de los expresidentes está garantizada por elArtículo 30 de la Constitución Política, normativa que homologa sus remuneraciones y asignaciones a las percibidas por los senadores en ejercicio.
De acuerdo con las rendiciones presupuestarias administradas por la Cámara Alta, el Estado destina mensualmente entre $16 y $17 millones de pesos por cada exmandatario, lo que equivale a un costo anual individual que bordea los $200 millones de pesos.
Desglose de la Mantención Presupuestaria
El gasto fiscal destinado a los ex mandatarios se divide en tres pilares financieros canalizados mensualmente:
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Dieta Vitalicia (Sueldo Bruto): Asciende a$8.239.091 CLP, correspondiendo a la remuneración parlamentaria a la que se le aplican los respectivos descuentos previsionales, de salud e impuestos de ley.
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Asignación por Traslación: Monto fijado en torno a los$1.600.000 a $1.800.000 CLP mensuales, destinado a la movilidad dentro del territorio nacional.
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Gastos de Funcionamiento de Oficina: Asignación operacional que puede alcanzar hasta los$8.500.000 CLP mensuales por exmandatario, con los cuales se financian el arriendo de sedes, contratación de personal técnico/asesor y servicios esenciales, debiendo ser rendidos mensualmente ante la Dirección de Finanzas del Senado.
Adicionalmente, el Estado cubre los gastos operativos indirectos asociados a la seguridad personal de los expresidentes mediante la asignación de contingentes de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros de Chile, así como pasaportes diplomáticos y honores protocolarios institucionales.
Impacto Fiscal y Debate Político en el Congreso
Para la partida del Senado en la Ley de Presupuestos, el monto asignado global para cubrir estos estatutos supera los $830 millones de pesos anuales.
Esta elevada cifra ha reavivado la controversia en el Congreso Nacional. Diversas bancadas parlamentarias han impulsado proyectos de ley que buscan reformar el Artículo 30 de la Carta Magna, proponiendo medidas como la eliminación total de los gastos de oficina y trasladación, la reducción de la dieta o fijar los 65 años como edad mínima legal para que un ex Jefe de Estado pueda acceder a este beneficio vitalicio.
