La crisis de seguridad que golpea al país cobró una lapidaria factura política para el Ejecutivo. Según los resultados del último sondeo de la Encuesta Criteria, más de la mitad de los chilenos, un 54%, califica el manejo del Gobierno en materia de orden público, combate a la delincuencia y crimen organizado como “peor o mucho peor de lo esperado”.
Los datos revelan el profundo abismo entre las promesas de campaña, los anuncios grandilocuentes de La Moneda y la cruda realidad que se respira en las calles. Frente a este deficiente balance, apenas un magro19% seatreve a evaluar la gestión como mejor o mucho mejor de lo previsto, mientras que un 27% estima que las cosas siguen igual de estancadas.
Un cheque en blanco sin fondos: Promesas infladas y nula confianza
El estudio de opinión pública desnuda una preocupante paradoja: aunque existe un respaldo transversal y masivo a ciertas medidas de fuerza anunciadas —como el endurecimiento de penas para bandas criminales, el control fronterizo o regímenes penitenciarios especiales para narcos (con cifras que van del 75% al 94% de apoyo)—, la confianza ciudadana en que este Gobierno sea capaz de materializarlas se derrumba por completo.
Las brechas de desconfianza son abismantes. Por ejemplo, en el caso del régimen penitenciario especial para narcotraficantes, existe una diferencia de 31 puntos porcentuales entre los que apoyan la medida y los que realmente creen que el Ejecutivo cumplirá. Una brecha aún mayor —de 35 puntos— se registra frente a la promesa de un despliegue policial permanente en los barrios más críticos del país.
Para los analistas, estas cifras reflejan el agotamiento de una estrategia comunicacional basada en golpes de efecto mediático que no logran traducirse en soluciones estructurales ni en una disminución real de la sensación de temor e inseguridad que inunda los hogares chilenos.
El costo político: Desaprobación al alza y el fantasma de la ineficacia
El fracaso percibido en la conducción de la seguridad no opera en el vacío; arrastra consigo el desgaste general de la administración delpresidente José Antonio Kast, cuya desaprobación escaló hasta el55%, mientras que su respaldo se estanca en un pobre35%.
La ciudadanía ya no compra diagnósticos ni excusas. Con la seguridad consolidada de manera indiscutida como la principal urgencia social de Chile, el informe de Criteria confirma que el Ejecutivo reprobó el examen más sensible para la tranquilidad del país, dejando en evidencia una brecha insostenible entre la retórica del poder y la ineficiencia en su ejecución.