La Corte Suprema resolvió sancionar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce, con suspensión de funciones por dos meses con goce de medio sueldo. Según la resolución del máximo tribunal, la magistrada, cuando ejercía como presidenta de ese tribunal, habría instruido a la secretaria de la corte para que contactara a un juez de Cauquenes con el fin de asegurar que recibiera a un candidato durante el proceso de designación de un conservador de bienes raíces interino. El candidato era Matías Jorquiera, hijo de la conservadora de Talca Camila Jorquiera.

El caso llegó a la Suprema luego de que funcionarios de la jurisdicción presentaran denuncias en contra de Ponce. El sumario fue tramitado por la Corte de Rancagua, ya que el tribunal de Talca se inhabilitó en su totalidad. El fiscal judicial Joaquín Nilo formuló cargos, pero el pleno de Rancagua absolvió a la ministra por unanimidad. Sin embargo, el máximo tribunal revirtió esa decisión y determinó que hubo falta a la probidad al usar el cargo para influir en un nombramiento.

En su resolución, la Suprema señaló que la conducta investigada consistió en que Ponce se valió de su posición como presidenta de la corte para intervenir en el proceso. La sanción fue morigerada considerando que la magistrada no registraba reproches disciplinarios anteriores. Respecto de otra denuncia por acoso laboral incluida en el sumario, la Suprema confirmó la absolución, aunque hubo votos de minoría de la presidenta Gloria Ana Chevesich y el ministro Jorge Zepeda, quienes estuvieron por sancionar también en ese punto.

La situación pone en duda la permanencia de Ponce en el Consejo Ético del Poder Judicial, organismo al que fue sorteada en abril pasado. Cuando se realizó ese sorteo, se excluyó del universo a todos los ministros que tenían sentencias disciplinarias, requisito que ahora Ponce no cumpliría si la resolución queda firme. Desde el entorno de la magistrada informaron que se analiza la presentación de recursos para revertir la decisión, aunque se trata de una sentencia de última instancia. Otro juez sorteado, Sergio Pizarro del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, renunció tras quedar en la lista de 58 jueces a los que la Suprema abrió cuaderno de remoción.

Qué significa para tu bolsillo: Esta sanción no tiene impacto directo en tu economía personal ni en trámites notariales o judiciales. Se trata de una medida disciplinaria interna del Poder Judicial que afecta a una magistrada por interferir en un nombramiento, pero no modifica el funcionamiento de los tribunales ni los costos de servicios legales o notariales para la ciudadanía. Fuente: La Tercera.