La Contraloría General de la República reveló que 315 funcionarios públicos mantienen condenas penales vigentes mientras continúan desempeñando funciones en distintos organismos del aparato estatal. El hallazgo forma parte del nuevo Consolidado de Información Circularizada número 29, elaborado tras cruzar los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.

De acuerdo con el documento oficial, las 315 personas identificadas están asociadas a un total de 317 sentencias ejecutoriadas, debido a que dos trabajadores presentan más de una condena en su historial. Respecto a su distribución institucional, 166 empleados pertenecen a reparticiones del gobierno central y 149 desarrollan labores en administraciones municipales a lo largo del país.

El desglose por gravedad penal indica que 73 de las sentencias corresponden a crímenes y 244 a simples delitos. Asimismo, el órgano contralor precisó que 41 condenas se vinculan directamente con ilícitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus cargos, cifra que representa el trece por ciento del universo total analizado.

En cuanto a las entidades con mayor cantidad de casos detectados, las instituciones uniformadas encabezan el listado. Carabineros de Chile registra 84 funcionarios en esta condición, seguido por el Ejército de Chile con 22 trabajadores, la Armada con ocho y la Fuerza Aérea con cinco. Por su parte, en el ámbito local destacan las municipalidades de Valdivia con seis funcionarios, mientras que Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt suman cuatro casos cada una, y Tocopilla registra tres.

Respecto a la calidad contractual de los involucrados, el informe detalla que 109 corresponden a personal de instituciones ligadas a la seguridad, 83 se rigen por el Código del Trabajo, 41 cumplen labores auxiliares, 31 son profesionales, 22 están contratados a honorarios, 13 son técnicos, 10 administrativos, cinco directivos y un caso no cuenta con información disponible.

Esta situación vulnera la prohibición expresa establecida en la Ley número 18.575, normativa que impide ingresar o permanecer en la administración pública a quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito. Ante ello, la Contraloría instruyó a cada servicio iniciar investigaciones sumarias para determinar responsabilidades administrativas y aplicar la inhabilidad sobreviniente que corresponda.