La Contraloría General de la República identificó observaciones por $239 millones en la asignación de subsidios de arriendo del Programa de Integración Urbana de Campamentos, según consta en el Informe N° 314 de 2026. La auditoría financiera abarcó operaciones ejecutadas por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y los Serviu regionales entre enero de 2025 y marzo de 2026.
El organismo fiscalizador estableció que a marzo de este año existían 168 beneficiarios fallecidos que seguían asociados al subsidio. Según el informe, la Subsecretaría demoró hasta 1.133 días en regularizar los contratos vinculados a estos casos, lo que generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553.
La revisión también detectó 172 beneficiarios con contratos de arriendo de viviendas pertenecientes a familiares cercanos, situación que contraviene las restricciones de consanguinidad establecidas en las bases del programa. Los pagos en estos casos alcanzaron $110.487.033. Adicionalmente, 19 personas celebraron contratos con sus propios cónyuges, recibiendo desembolsos por $14.405.016.
El informe identificó dos beneficiarios que continuaron percibiendo subsidios de arriendo pese a haber accedido a una vivienda durante 2024, sumando pagos por $3.539.119. El programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por US$120 millones, con un período de ejecución de cuatro años.
La Contraloría instruyó a la Subsecretaría regularizar ante el BID los gastos asociados a beneficiarios que no cumplían las condiciones exigidas y ordenó concluir el procedimiento disciplinario iniciado para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
Fuente: La Tercera.