El Ejecutivo anunció la creación de una comisión de 12 expertos que tendrá cuatro meses para elaborar propuestas de reforma al empleo público en Chile. El grupo está integrado por exautoridades de distintos gobiernos, académicos y especialistas en administración estatal, entre ellos la exministra Macarena Lobos, la exsubsecretaria Heidi Berner, el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo y el excontralor Ramiro Mendoza. La coordinación con el gobierno estará a cargo de José Ignacio Llorá, subdirector de racionalización de la Dirección de Presupuestos, según informó el Ministerio de Hacienda.
El ministro Jorge Quiroz señaló que 120 días es un plazo acotado, pero indicó que todos los integrantes tienen experiencia previa en la materia. El objetivo es generar un proyecto de ley que pueda tramitarse durante esta administración. El Presidente José Antonio Kast afirmó que la propuesta se construirá escuchando a las asociaciones de funcionarios, especialmente la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), y a los legisladores de todos los sectores. Según el mandatario, la comisión recibirá aportes de distintos actores.
Las reglas actuales del empleo público en Chile están contenidas en el Estatuto Administrativo, diseñado a fines de los años 80 durante el régimen militar. Desde entonces ha habido varios intentos de modificarlo sin éxito: el segundo gobierno de Sebastián Piñera ingresó un proyecto en marzo de 2022, y la administración de Gabriel Boric tampoco concretó una iniciativa legal. Según consigna La Tercera, la resistencia de los gremios del sector público y la falta de acuerdos políticos han dificultado cambios al sistema de contratación y evaluación de funcionarios estatales.
Juan José Obach, investigador de Horizontal, plantea terminar con el régimen actual de planta, contrata y honorarios y avanzar a un único régimen de funcionarios de carrera. También propone reducir el número de asesores de gobierno, crear una única puerta de entrada gestionada por el Servicio Civil con selección por mérito, facilitar el movimiento de funcionarios entre servicios y cambiar el sistema de evaluación.
Qué significa para tu bolsillo: Esta reforma no afecta directamente los sueldos ni beneficios de quienes trabajan en el sector privado. Según especialistas, si el Estado mejora su eficiencia en la contratación de funcionarios, los servicios públicos como hospitales, municipios y trámites podrían experimentar mejoras. El impacto en impuestos o gasto público dependerá de las propuestas finales que la comisión entregue en cuatro meses. Fuente: La Tercera.