Una alarmante escalada de amenazas de tiroteos y ataques armados ha puesto en jaque al sistema educacional chileno durante la última semana. Lo que comenzó como incidentes aislados en el norte del país se ha transformado en un fenómeno nacional que ha forzado la suspensión de actividades académicas en múltiples regiones, desde Antofagasta hasta el Biobío, generando un clima de psicosis colectiva en padres, apoderados y docentes.
Cronología de una Semana de Tensión
Solo en las últimas 72 horas, la situación alcanzó un punto crítico con amenazas detectadas en diversas zonas:
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Región del Biobío: La Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y establecimientos en Mulchén y Los Ángeles (Liceos Miguel Ángel Cerda y Crisol, y Colegio San Rafael Arcángel) debieron evacuar y suspender clases tras avisos de “tiroteos inminentes”.
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Región Metropolitana: El colegio San Pedro Nolasco, ubicado frente al Congreso Nacional, y recintos en Lo Barnechea han activado protocolos de emergencia ante rayados y mensajes en redes sociales que anuncian “masacres escolares”.
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Zona Norte: En Antofagasta y Calama, la situación es aún más sensible tras el fatal ataque ocurrido recientemente en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, lo que ha llevado al Ministerio de Educación a decretar suspensiones preventivas para “contención emocional”.
El “Modus Operandi”: Rayados y Redes Sociales
La Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros han identificado un patrón común: la mayoría de las amenazas se realizan mediante rayados en los baños de los establecimientos con mensajes como “No vengan a clases, prepárense para lo peor” o videos editados con imágenes de armas difundidos por Instagram y TikTok.
Aunque las autoridades han logrado identificar a algunos responsables —en su mayoría estudiantes de cuarto medio que alegan “querer evitar pruebas” o “bromas de mal gusto”—, la PDI ha sido tajante: “Toda amenaza en colegios debe ser considerada como real hasta que se demuestre lo contrario”.
Respuesta del Gobierno y “Escuelas Protegidas”
La crisis ha acelerado la discusión legislativa del proyecto de ley “Escuelas Protegidas”. Parlamentarios de diversos sectores han exigido al gobierno de José Antonio Kast medidas drásticas, incluyendo:
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Control Preventivo: Refuerzo de la presencia policial en los horarios de ingreso y salida.
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Sanciones Ejemplares: Expulsión inmediata y procesos judiciales para alumnos mayores de 14 años que realicen amenazas falsas, bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
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Ciberinteligencia: Equipos del OS-9 y la Brigada del Cibercrimen trabajan para rastrear IPs y determinar si existe coordinación detrás de estos avisos.
El Factor Salud Mental
Para el Colegio de Profesores, esta ola de violencia es el síntoma de una crisis de salud mental post-pandemia que no ha sido abordada. “No podemos naturalizar que un niño piense que amenazar con un tiroteo es una forma válida de expresar su frustración o evitar un examen”, señalaron desde el gremio.