La denunciante del caso de presunta violación grupal que involucra a cadetes de Cobreloa cuestionó la falta de fiscalización parlamentaria y calificó de “impresentable” que el organismo disciplinario mantenga archivado el procedimiento contra dirigentes señalados de haber ocultado los hechos. Además, recordó y valoró la gestión de la exdiputada Érika Olivera, a quien reconoce como una de las impulsoras de la investigación.
Un fuerte reclamo formuló María Elena Saavedra, denunciante del caso Cobreloa, investigación por una presunta violación grupal que involucra a cadetes del club, apuntando directamente a la falta de fiscalización de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados frente a las irregularidades denunciadas y al cumplimiento de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.
Saavedra manifestó su molestia por lo que considera una preocupante falta de prioridades de la instancia parlamentaria, señalando que, en lugar de concentrar sus esfuerzos en fiscalizar el cumplimiento de las observaciones y resoluciones emanadas de Contraloría, se estaría destinando tiempo a gestiones de otra naturaleza, como oficiar al SERNAC para conseguir rebajas en los pasajes y realizar elogios públicos a la institución deportiva.
La denunciante cuestionó que la Comisión de Deportes no concentre sus esfuerzos en ejercer las facultades fiscalizadoras que le corresponden, especialmente cuando existen antecedentes de eventuales irregularidades que involucran a una institución deportiva y hechos de extrema gravedad.
“Resulta preocupante que, existiendo un dictamen de Contraloría sobre las irregularidades denunciadas en Cobreloa, se destine tiempo a elogiar al club en lugar de ejercer las facultades fiscalizadoras que corresponden. La protección de niños, niñas y adolescentes, el cumplimiento de la ley y las responsabilidades institucionales deberían ser prioritarios”, sostuvo Saavedra en conversación con laconexion.cl
CRÍTICAS AL CNAD: “ES IMPRESENTABLE QUE EL PROCESO SIGA ARCHIVADO”
Pero las críticas de María Elena Saavedra no se limitan al ámbito parlamentario. También apuntó duramente contra el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), cuestionando su decisión de mantener archivado el procedimiento sancionatorio que apunta a dirigentes de Cobreloa señalados de haber ocultado los hechos denunciados.
Para Saavedra, resulta impresentable que el CNAD se niegue a llevar adelante el proceso disciplinario, amparándose en que, mientras no concluya la investigación penal, el procedimiento sancionatorio permanecerá archivado.
La denunciante cuestiona especialmente este argumento, pues sostiene que los dirigentes respecto de quienes se solicita establecer eventuales responsabilidades por el ocultamiento de los hechos no son acusados en la causa penal. Por lo mismo, considera que la investigación penal contra los presuntos autores del delito no debería convertirse automáticamente en un impedimento para determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias de quienes habrían tenido conocimiento de los hechos y no habrían actuado conforme a sus obligaciones institucionales. A su juicio, se trata de responsabilidades de distinta naturaleza que deben ser examinadas por las instancias competentes, sin que la existencia de una causa penal paralice indefinidamente cualquier otra acción destinada a esclarecer eventuales infracciones a la normativa deportiva.
EL RECUERDO Y RECONOCIMIENTO A ÉRIKA OLIVERA
En medio de sus cuestionamientos a la actual Comisión de Deportes, María Elena Saavedra también tuvo palabras para recordar y valorar la gestión que en su momento desarrolló la exdiputada Érika Olivera, a quien reconoce como una de las principales impulsoras de que el caso Cobreloa fuera investigado y adquiriera relevancia en el ámbito parlamentario.
La denunciante manifestó que extraña aquella disposición y compromiso con el esclarecimiento de los hechos, destacando que Olivera fue una de las artífices de que se impulsara la investigación de las graves denuncias que involucraban a cadetes del club.
En ese sentido, valoró que durante su gestión existiera una preocupación efectiva por las víctimas y por las responsabilidades institucionales, expresando su expectativa de que la actual Comisión de Deportes retome ese espíritu fiscalizador y no pierda de vista su principal obligación: esclarecer los hechos y exigir que quienes tengan responsabilidades respondan ante la ley.
La denunciante también manifestó su preocupación frente al escenario dirigencial del fútbol nacional, advirtiendo que resulta especialmente delicado que Cobreloa pueda integrar una lista o proyecto destinado a dirigir los destinos del fútbol chileno mientras persisten cuestionamientos sobre su actuación institucional y responsabilidades que, según sostiene, todavía deben ser esclarecidas.
Para Saavedra, antes de aspirar a ocupar espacios de poder dentro de la institucionalidad deportiva, las organizaciones deben demostrar que cumplen con la ley, responden por sus actuaciones y cuentan con mecanismos efectivos de protección para niños, niñas y adolescentes.
Su planteamiento es categórico: “No se trata de estar en contra de Cobreloa, sino de exigir que nadie esté por sobre la ley”.
El reclamo de María Elena Saavedra vuelve a instalar preguntas fundamentales sobre el funcionamiento de la institucionalidad deportiva chilena: ¿quién fiscaliza a las instituciones cuando existen denuncias de esta gravedad?, ¿puede una investigación penal justificar que se mantengan paralizados procedimientos disciplinarios respecto de personas que no son acusadas en esa causa? y, sobre todo, ¿dónde queda la protección de las víctimas cuando las responsabilidades institucionales siguen sin esclarecerse?

