En una contundente declaración que introduce máxima tensión en el debate sobre los juegos de azar digitales, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, lanzó una dura advertencia institucional: el hecho de que las casas de apuestas online comiencen a pagar impuestos en el país no blanquea su situación jurídica ni las transforma en actividades lícitas.
La máxima autoridad del Ministerio Público encendió las alarmas tras la reciente resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que habilitó un mecanismo simplificado para que estas plataformas extranjeras declaren y paguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para la Fiscalía, la recaudación fiscal bajo ningún escenario puede ser utilizada como una vía administrativa de legalización encubierta para una actividad que la justicia ya ha catalogado firmemente como al margen de la ley.
Choque institucional y el fantasma del “blanqueo”
La postura del Fiscal Nacional tensa de inmediato las relaciones entre la persecución penal y las directrices económicas del Gobierno. Mientras que desde el Ministerio de Hacienda se ha respaldado la acción del SII argumentando que su deber es gravar toda actividad económica sin pronunciarse sobre su legalidad, Valencia enfatizó que la recaudación de tributos no borra el carácter delictivo de un mercado no autorizado.
La preocupación radica en el profundo desajuste que esta medida genera frente a los dictámenes del máximo tribunal del país.
El precedente judicial: El debate se da en un escenario complejo, considerando que la Corte Suprema ya acogió previamente recursos de protección en los que calificó de manera explícita el juego online sin autorización legal como un “acto ilícito”, ordenando incluso el bloqueo de sus plataformas web.
Críticas transversales en el Congreso
La advertencia de la Fiscalía resonó con fuerza en el Poder Legislativo, donde diversos parlamentarios alzaron la voz acusando que esta medida del organismo tributario “pasa por encima” de las atribuciones del Congreso, donde actualmente se tramita —con marcadas dificultades— un proyecto de ley para regular formalmente este mercado.
Parlamentarios de distintas bancadas ya anunciaron que recurrirán ante la Contraloría General de la República para que determine la legalidad de la resolución del SII. Los sectores más duros han tildado la situación de “insólita”, argumentando con preocupación que, bajo la lógica de aplicar impuestos a todo evento, el Estado caería en la contradicción de terminar validando o normalizando lucrativos negocios clandestinos.
El escenario penal se mantiene activo
Con esta intervención, el Fiscal Nacional deja en claro que las investigaciones penales vigentes respecto a la operación de casinos online y plataformas de apuestas no se detendrán ni se verán atenuadas por los comprobantes de pago de IVA.
Para el Ministerio Público, los delitos de juego ilegal y las aristas asociadas a delitos económicos subyacentes seguirán siendo perseguidos con el mismo rigor, recordando que la única vía legítima para alterar el estatus legal de una industria en el país es mediante una ley de la República discutida y aprobada en el Parlamento, y no a través de cajas recaudadoras de impuestos.