La exministra del Interior, Carolina Tohá, criticó duramente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de José Antonio Kast y los gremios de camioneros para deponer el paro de transportistas, cuestionando el uso de recursos fiscales para contener la movilización. A través de su cuenta en la red social X, la exsecretaria de Estado contrastó la actual gestión con las administraciones anteriores, destacando que tanto Ricardo Lagos como Gabriel Boric supieron enfrentar protestas de similar magnitud «haciendo valer la ley y sin hacer concesiones desmedidas».

El pacto suscrito en La Moneda contempla revertir el alza semanal de $42 por litro en el diésel y de $39 en las bencinas, además de aplicar una rebaja adicional de $100 al diésel —completando un descuento total de $142— y congelar los valores de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027.

Frente a estas medidas, Tohá apuntó a una contradicción en las prioridades presupuestarias del Ejecutivo. «Lo que el gobierno encontraba demasiado caro para cuidar el bolsillo de las familias, proteger el empleo o recuperar la economía, sí le parece razonable para calmar a los camioneros. Gobernar así equivale a tener una fábrica de malestar social«, señaló la exautoridad.

Asimismo, desestimó el argumento de que los paros del transporte de carga sean imposibles de contener sin ceder en materia fiscal, recordando el manejo institucional de gobiernos previos. «Algunos han dicho que la fuerza de los transportistas doblega a todos los gobiernos. No es así. Lagos y Boric enfrentaron movilizaciones similares, haciendo valer la ley y sin hacer concesiones desmedidas», enfatizó.

Mientras gran parte de los grandes gremios respaldó el entendimiento con el Ejecutivo, sectores de camioneros independientes —especialmente en la zona norte— han advertido que mantendrán las movilizaciones en las rutas al considerar que sus demandas no han sido resueltas en su totalidad.

Reacción del Gobierno ante el acuerdo por combustibles yadvertenciassobre bloqueo de rutasEste video es relevante porque recoge la postura oficial del Ejecutivo defendiendo el acuerdo sobre el precio de los combustibles y detallando las condiciones para invocar la Ley de Seguridad del Estado ante la continuidad de las movilizaciones.