El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, confirmó que el Gobierno analiza la creación de un estado de excepción constitucional diseñado para actuar de manera focalizada en sectores con altos índices de criminalidad. El anuncio, realizado tras una cadena nacional del Presidente José Antonio Kast sobre seguridad, generó reacciones en el mundo municipal.
En el sector oriente, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, valoró la disposición del Ejecutivo a escuchar a los municipios, aunque señaló que persisten deudas como la falta de dotación policial y la reglamentación de la ley de seguridad, según consignó ADN. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, argumentó que cuando la delincuencia desplaza al Estado no basta con repetir las mismas acciones, pero exigió reglas claras, plazos definidos y liderazgo de Carabineros. Desde San Miguel, la alcaldesa Carol Bown condicionó su respaldo a que se entreguen garantías para resguardar el rol del personal militar.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, recordó que una propuesta similar fue planteada en marzo de 2024 por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Ripamonti pidió tramitar la iniciativa con responsabilidad política, apelando a construir diálogo y acuerdos amplios.
En contraste, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, cuestionó la capacidad del Ejecutivo para materializar estos anuncios y señaló que el problema del Gobierno es la falta de credibilidad. Aunque consideró que las Fuerzas Armadas serían un aporte, exigió protocolos operativos estrictos. El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, rechazó la medida y afirmó que evaluar la militarización refleja la falta de capacidad del Gobierno para fortalecer una estrategia de seguridad integral. Jadue sostuvo que el rol de las Fuerzas Armadas debe limitarse a labores excepcionales de inteligencia y logística, priorizando el levantamiento del secreto bancario y el fortalecimiento investigativo, según ADN.