Sombra sobre la Nueva Gobernanza Corporativa de 2026
El recambio directivo impulsado tras la crisis de producción de 2025 enfrenta cuestionamientos por vínculos cruzados con auditoras, empresas mineras y cuestionadas asesorías en Hacienda.
El primer semestre de 2026 ha estado marcado por un profundo reordenamiento en la testera de la cuprífera estatal Codelco, coincidiendo con la asunción de José Antonio Kast a la presidencia de la República. Sin embargo, el ambicioso proceso de renovación directiva y corporativa heredó un flanco crítico: los cuestionamientos por probables conflictos de interés que golpean directamente a figuras clave del nuevo gobierno corporativo y de la primera línea fiscal.
Un recambio directivo bajo la sombra del déficit de producción
El pasado 14 de mayo de 2026, el Ejecutivo concretó modificaciones en la testera de Codelco, incorporando a nuevas figuras directivas. La renovación incluyó la designación de Luz Graniery Alejandro Canut de Boncomo directores, además de Daniel Díaz Olguíncomo representante de los trabajadores, electo a partir de una quina propuesta por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).
Con estas incorporaciones, la mesa directiva quedó integrada por nuevos nombres junto a miembros precedentes, sumando además en julio la llegada de Jorge Gómezcomo nuevo presidente ejecutivo (CEO) en sustitución de Rubén Alvarado.
Este recambio no se produjo en el vacío. La administración asumió en medio de una severa crisis de gestión interna desatada tras una auditoría que reveló que se “infló” en aproximadamente 27.000 toneladas la producción de diciembre de 2025. Dicha anomalía derivó en el pago irregular de bonos por US$14,3 millones a más de 6.000 operarios, el despido de un alto gerente, la presentación de denuncias penales y rigurosas auditorías por parte de la Contraloría General de la República. Este clima de fiscalización implacable ha propiciado que diversos actores políticos y gremiales pongan la lupa sobre las trayectorias y nexos de los actuales directivos.
Casos específicos bajo el escrutinio público
El ecosistema de cuestionamientos corporativos e institucionales se concentra actualmente en tres frentes principales que comprometen la transparencia del directorio y la administración fiscal:
| ACTOR / FUNCIONARIO | ROLINSTITUCIONAL | CUESTIONAMIENTO / CONFLICTO DETECTADO | RESPUESTA / ACCIONES DE AUTORIDAD |
| Tamara Agnic | Directora de Codelco y Presidenta del CACE | Exsocia accionista de KPMG (2016-2021 o hasta julio 2026), firma precisamente contratada por el directorio para auditar las cifras de producción 2024-2025 tras el escándalo. | Diputados de oposición y oficialismo (Carlos Arqueros y Cristián Tapia) han exigido su salida y oficiado a la presidencia para evaluar cambios en la auditora externa. |
| Daniel Díaz Olguín | Director Laboral (Representante FTC, período 2026-2030) | Investigación periodística (Contrapoder Chile) reveló que el dirigente de Chuquicamata poseía empresas del rubro minero y sostuvo reuniones con empresarios chinos en Calama. | Díaz respondió que si bien la sociedad INDX es de su propiedad, esta no desarrolla actividad minera ni mantiene nexos comerciales con mineras o capitales asiáticos. |
| Jorge Quiroz | Ministro de Hacienda (Gobierno de Kast) | Aunque no integra el directorio, firmó en 2025 un informe crítico al acuerdo Codelco-SQM (financiado por el grupo Errázuriz) y omitió en su declaración patrimonial nexos de su hermano con firma inmobiliaria. | Ministerio de Hacienda descartó inhabilidades argumentando que la asesoría se canalizó a través de persona jurídica y no a título personal. |
1. Tamara Agnic y el flanco de KPMG en el Comité de Auditoría
Uno de los casos más delicados recae sobre Tamara Agnic, quien además de integrar el directorio de la cuprífera ejerce la presidencia del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE). Agnic mantuvo vínculos como socia accionista de la consultora KPMGentre 2016 y 2021 (con versiones que apuntan a una vinculación hasta julio de 2026). La controversia estalla debido a que fue el propio directorio el que encargó a KPMG la delicada auditoría externa destinada a esclarecer el maquillaje de cifras de producción de los períodos 2024-2025.
Ante esto, el diputado republicano Carlos “Carlo” Arqueros exigió públicamente la salida de Agnic del directorio, mientras que el diputado Cristián Tapia, presidiendo la comisión investigadora de la Cámara, ofició formalmente al presidente de la estatal para esclarecer los criterios de contratación de KPMG y poner sobre la mesa la evaluación de un cambio de auditora si persistieran dudas razonables sobre la independencia del proceso.
2. Daniel Díaz Olguín: Dirigente laboral, empresas mineras y contactos chinos
En el flanco de la representación de los trabajadores, la designación de Daniel Díaz Olguín(mandato 2026-2030) generó fricciones internas tras una revelación de Contrapoder Chile. El medio expuso que el histórico dirigente sindical de Chuquicamata figuraba como propietario de sociedades del rubro minero y que habría sostenido encuentros con delegaciones empresariales de origen chino en Calama.
La situación encendió alertas inmediatas entre las bases sindicales respecto a potenciales colisiones de interés. No obstante, Díaz salió al paso de las acusaciones aclarando que, si bien la empresa INDX le pertenece, esta se encuentra inactiva en términos mineros y carece de todo tipo de vínculos comerciales con empresas del sector o con conglomerados extranjeros.
3. El rol transversal de Hacienda: El caso Jorge Quiroz
Fuera de la estructura orgánica de Codelco pero incidiendo directamente en su tutela financiera, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, arrastra cuestionamientos que cruzan la gobernanza de la estatal. En 2025, a través de sus actividades profesionales, Quiroz elaboró un informe crítico frente al polémico acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para la explotación del Salar de Atacama.
Adicionalmente, el secretario de Estado enfrentó cuestionamientos políticos tras omitir en su declaración de patrimonio e intereses aspectos vinculados a su red familiar y societaria. Desde Teatinos 120 descartaron cualquier inhabilidad legal en el ejercicio de sus funciones.
El blindaje normativo: El rol del CACE y el nuevo Código de Gobierno Corporativo
Frente a este escenario de escrutinio, Codelco actualizó en abril de 2026 su Código de Gobierno Corporativo, estableciendo estándares considerablemente más estrictos que los exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas. La normativa obliga a cerca de 2.000 ejecutivos y trabajadores a declarar de forma periódica cualquier potencial conflicto de interés, inhabilitándolos de participar en decisiones donde existan contrapartes vinculadas a personas políticamente expuestas (PPE).
El epicentro de este control recae justamente en el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) —presidido por la cuestionada Tamara Agnic—, instancia encargada de fiscalizar las declaraciones juradas y dictaminar sobre la viabilidad ética de las operaciones comerciales de la principal empresa del Estado chileno.