Un informe lapidario revela que las residencias del sistema de protección —bajo la tutela de Mejor Niñez— se han transformado en un «blanco fácil» para redes de explotación. Entre 2022 y 2024 las víctimas por obtención y facilitación crecieron un 89%, mientras que el Ministerio Público registró un récord de casi 32.000 víctimas totales de delitos sexuales en un solo año.

Una profunda y persistente falla estructural del Estado chileno en la protección de su infancia más vulnerable quedó al descubierto tras la consolidación de los últimos datos oficiales y de investigaciones recopiladas hasta septiembre de 2026. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) es hoy calificada por la propia Defensoría de la Niñez como un «fenómeno estructural en expansión», evidenciando que los menores bajo custodia estatal continúan expuestos al abandono institucional, la desprotección y la acción impune de redes criminales.

Cifras alarmantes: Un peak histórico de violencia sexual

De acuerdo con los registros analizados, las denuncias por ESCNNA a nivel nacional experimentaron un incremento del 73% entre 2022 y 2024, destacando un alza del 89% en la tasa de víctimas por obtención y facilitación.

Si se amplía la lupa al universo general de delitos sexuales contra menores —que incluye abuso, violación, estupro y explotación—, el panorama es desolador: el Ministerio Público contabilizó 31.910 víctimas durante 2024, alcanzando el peak histórico de una serie estadística que se ha cuadruplicado en los últimos 18 años. Las regiones que concentran las tasas relativas más altas por cada 100.000 habitantes son, de forma sostenida, Arica y Parinacota, Aysén y Ñuble.

Frente a este escenario, la abogada penalista y especialista en infancia, Alexandra Pardo, advierte sobre la gravedad de las cifras, señalando que «estas cifras son estremecedoras, pero no pueden sorprendernos. Hace años sabemos que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado están especialmente expuestos a situaciones de violencia, abuso y explotación sexual. Lo verdaderamente grave es que, pese a conocer esa realidad, seguimos llegando tarde».

Las residencias del Estado: El «blanco fácil» de las redes

Uno de los flancos más críticos expuestos en el informe es la absoluta vulnerabilidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado, ya sea en recintos del extinto SENAME o del actual Servicio Mejor Niñez.

Lejos de ofrecer un espacio seguro, las residencias de protección se han convertido en focos de alto riesgo debido a la sobrepoblación crónica, la precaria dotación de personal especializado, la falta de una oferta robusta en salud mental y, sobre todo, las fugas o salidas no autorizadas reiteradas. Al respecto, la abogada Alexandra Pardo enfatiza que hemos terminado normalizando una situación crítica: «Una fuga no puede convertirse en un dato administrativo más. Cada hora que un niño permanece fuera del sistema de protección puede significar una nueva exposición a violencia, explotación o captación por parte de adultos».

Las cifras oficiales del sistema residencial reflejan esta herida abierta:

  • Las alertas activas por riesgo de ESCNNA dentro de los recintos residenciales de Mejor Niñez se triplicaron entre 2021 y 2023 (pasando del 3,1% al 9,52% de los NNA vigentes).
  • Estimaciones de organizaciones de la sociedad civil advierten que hasta un tercio de las adolescentes de 16 a 17 años institucionalizadas podrían encontrarse en riesgo de explotación sexual.
  • Cientos de órdenes de búsqueda por presunta desgracia continúan activas anualmente para dar con el paradero de menores fugados del sistema de protección.

Impunidad y una respuesta penal insuficiente

Frente a la gravedad de los hechos, las organizaciones de derechos humanos y de control penal denuncian una brecha escandalosa entre las denuncias y las condenas efectivas. Históricamente, solo un porcentaje marginal de los procesos por comercio sexual y pornografía infantil culmina en una sentencia definitiva. Además, aunque los delitos vinculados a material de explotación sexual infantil aumentaron un 81% en seis años, el 80% de los condenados en 2024 eludió la cárcel efectiva, accediendo a medidas alternativas en libertad.

Desde el ámbito jurídico, Alexandra Pardo apunta a que el foco no debe limitarse a la reacción punitiva tradicional: «Uno de los principales problemas es que seguimos mirando la explotación sexual infantil únicamente desde la reacción penal, cuando el delito ya ocurrió y el daño muchas veces es irreparable», agregando que es imperativo investigar a fondo las redes de complicidad y el rol del Estado: «Tenemos que preguntarnos dónde estaba el sistema de protección antes de que ese niño o niña llegara a convertirse en víctima […] El Estado tiene un deber especialmente intenso respecto de aquellos niños y niñas cuya protección ha asumido directamente».

A pesar de avances normativos celebrados por el Ejecutivo —como la promulgación de la Ley 21.522 en 2022 que tipificó la ESCNNA como delito autónomo, el despliegue de una fiscalización nacional por parte de la Contraloría General de la República en 2026 y la creación de la Comisión Asesora Presidencial “Verdad y Niñez”—, las familias y las instituciones de derechos humanos coinciden en que las medidas adoptadas llegan tarde y de forma insuficiente.

La crisis de la infancia vulnerable en Chile continúa exigiendo una intervención multisectorial urgente, tal como resume la abogada Pardo: «Necesitamos dejar de acostumbrarnos a estas cifras. Detrás de cada número hay un niño o una niña a quien los adultos debíamos proteger. Y cuando hablamos de infancia vulnerable, proteger después de que el daño ocurrió no es suficiente: tenemos que ser capaces de llegar antes».