La Fiscalía ECOH y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI detuvieron a cinco personas vinculadas a un secuestro ocurrido el 1 de agosto en Providencia. Los imputados, según la investigación, formarían parte de una célula del Tren de Aragua y quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados. La víctima es de nacionalidad peruana.

Dos de los detenidos, un ciudadano colombiano y uno venezolano, ambos en situación migratoria irregular, habrían participado en el secuestro, según la PDI. De acuerdo con la investigación, abordaron a la víctima y la trasladaron hasta un inmueble en Recoleta, donde permaneció en cautiverio durante varias horas. El fiscal ECOH Ignacio Pefaur indicó que aproximadamente cinco personas participaron en el hecho, obteniendo mediante intimidación la dirección del domicilio de la víctima para luego ingresar y sustraer especies del interior.

Durante diligencias de entrada y registro realizadas en Lo Espejo, Recoleta y Estación Central, se capturó a otros tres ciudadanos venezolanos en situación irregular, sorprendidos en flagrancia por delitos asociados a armas y drogas, según informó la PDI. Se incautaron dos armas de fuego, un cargador extendido, munición, 932 gramos de cocaína base y dispositivos destinados a la fabricación y falsificación de cédulas de identidad chilenas.

El prefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, señaló que la víctima pudo haber sido perfilada por una mujer con quien tuvo contacto previo, o que los imputados cometieron un error respecto a la persona que pretendían secuestrar. Barrientos agregó que las evidencias permitieron establecer la conexión de los detenidos con integrantes del Tren de Aragua, algunos de cuyos líderes se encuentran en el extranjero, según la investigación.

El fiscal coordinador de ECOH RM, Marcelo Vargas, destacó que las incautaciones van más allá del delito de secuestro investigado inicialmente, incluyendo armas de fuego y maquinaria para falsificar cédulas de identidad destinadas a eludir fiscalizaciones policiales. El plazo de investigación se fijó en 180 días.

Fuente: BioBio.