La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó una propuesta para reformar el empleo público en Chile, que será evaluada por la comisión de 12 expertos que el gobierno creó para modernizar el Estado. La iniciativa plantea dividir a los trabajadores a contrata —que hoy representan el 55% de los empleados del gobierno central— en dos grupos: uno de carrera profesional con estabilidad laboral tras cinco años, y otro de confianza política que duraría solo lo que dure la autoridad que lo nombró, según informó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

El documento del gremio empresarial, elaborado junto al Centro de Estudios Públicos y la Universidad Católica, propone que los funcionarios de carrera ingresen por concurso público abierto, tengan un periodo de prueba inicial y puedan ser desvinculados por bajo desempeño reiterado. Los de confianza política, en cambio, entrarían por designación directa, no recibirían indemnización al cesar y su número se fijaría cada año en la Ley de Presupuestos. La CPC también sugiere eliminar gradualmente los cargos de planta —el 22% del empleo público— a medida que queden vacantes.

Otra propuesta es implementar evaluaciones de desempeño con desvinculación automática para quienes queden dos años seguidos en el 5% más bajo de rendimiento de su institución. El gremio plantea además terminar con la contratación a honorarios irregular, que hoy se usa para labores permanentes pese a estar reservada solo para trabajos esporádicos sin dependencia. Según la CPC, el sistema actual genera desigualdad entre regímenes, dificulta atraer perfiles calificados y provoca inamovilidad de funcionarios de planta.

Qué significa para tu bolsillo: Esta reforma no cambia directamente tu sueldo ni tus impuestos hoy, pero busca que el Estado funcione de manera distinta: trámites más rápidos, servicios públicos más eficientes y menos gasto en personal mal evaluado. Si se aprueba, podría traducirse en cambios en la atención en consultorios, municipios o servicios como el Registro Civil, aunque el efecto concreto dependerá de cómo se implemente y cuánto tarde.

La comisión creada por el gobierno tiene 120 días para elaborar propuestas técnicas y presentarlas al Ejecutivo. El secretario ejecutivo será José Ignacio Llorá, subdirector de la Dirección de Presupuestos. Fuente: La Tercera.