Enero de 2025, la comuna de San Felipe despide a uno de sus honorables, el concejal Ronal Olivares Cruz, quien emprende rumbo a Viña del Mar para tomar parte en una capacitación.

Debatir, razonar, adquirir nuevos conocimientos, en resumidas palabras y como preferían los antiguos filósofos griegos, a “cultivar el intelecto”.

Sin embargo, los deseos concupiscibles resultaron ser más fuertes. Olivares emprende un transitar nocturno que lo lleva por los rincones menos académicos de la Región de Valparaíso y, tras hacer amistad con un grupo de sujetos que lo invitan a pasar a un ruco emplazado en un sitio eriazo, no precisamente a discutir sobre presupuestos municipales ni asentamientos precarios, sino a compartir, entre risas, un humo espeso, latas de alcohol y droga, todo pagado con el gentil auspicio de los sanfelipeños.

Tras lapidar los recursos públicos, vendría la genialidad, concurrir a una unidad policial y denunciar los hechos con una creatividad que ya se la querrían los productores de Hollywood. Con un relato cinematográfico, afirmó haber sufrido un secuestro exprés y haber sido obligado a consumir drogas.

La investigación esclarecería los hechos, quedando al descubierto la mentira. Vinieron una querella criminal y otro viaje, pero esta vez directo al Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso para evaluar un tipo de “jubilación política anticipada” por notable abandono de deberes. Este año Olivares nuevamente hizo noticia al ausentarse a un examen de drogas programado por la Municipalidad.

En un contexto completamente distinto, y alejado de la historia grandilocuente del concejal Olivares, estos días se dio a conocer la noticia que involucra al ahora exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien habría arrojado positivo en un examen de drogas. Y si bien se mantiene a la espera de la contramuestra, su salida del gobierno se concretó tras los resultados preliminares del examen.

A raíz de esta última situación, se generó un debate en torno al tema, tanto en lo procedimental como en la obligatoriedad de realizarse el test de drogas por parte de las autoridades, lo que ciertamente no se circunscribe solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y a quienes ejercen cargos de elección popular.

A propósito del tema, modificaciones legales recientes, entre estas la Ley 21.802, que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, e instructivos de la CGR, actualizaron los procesos de control obligatorio en la administración pública, transitando formalmente en diversos estamentos hacia metodologías de análisis capilar (test de pelo) por sobre las muestras de orina tradicionales para garantizar un monitoreo continuo. Y es que resulta ser esta la forma más veraz de establecer el consumo de drogas, donar parte de la cabellera a la ciencia en nombre de la probidad y la transparencia. Sin embargo, hacía falta unificar la forma y el procedimiento aplicable.

El día de ayer, el Presidente de la República, S.E. José Antonio Kast, anunció una reforma constitucional que busca consagrar de manera explícita la obligatoriedad del test de drogas para ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. La reforma a la Constitución busca establece los protocolos y la obligatoriedad del examen tanto al asumir como durante el ejercicio o desarrollo del cargo, incorporando en consecuencia una nueva causal de cesación en el mismo, la cual esta vez estará consagrada a rango constitucional.

El biministro Alvarado señaló: “Lo que queremos bajo este paraguas de la reforma constitucional es ordenar en las leyes respectivas las formas y los procedimientos, de tal manera que esto sea un proceso científico, que entregue certezas y que dé las garantías de justicia“.

Resulta evidente que además de establecer la forma y los procedimientos propios de los exámenes de drogas, la reforma anunciada busca dar una señal clara, blindar a las instituciones del Estado contra el narcotráfico y el crimen organizado, asegurándose que ninguna autoridad tenga vínculos de dependencia con redes delictivas.

Juan Francisco Rivera Herrera, Abogado y Concejal de I. Municipalidad San Bernardo.