En medio de la alta tensión política que se vive en los pasillos de la Cámara de Baja, la diputada Zandra Parisi alzó la voz de manera categórica para rechazar la Acusación Constitucional (AC) que busca la destitución del Ministro de Economía, Nicolás Grau. Con declaraciones que prometen encender el debate legislativo, la parlamentaria calificó el libelo acusatorio como una maniobra inconducente y lanzó un directo llamado a la Cámara Alta para frenar el proceso.

Para Parisi, la ofensiva levantada por sectores de la oposición carece de sustento jurídico real y responde más bien a una estrategia de desgaste político que desvía la atención de las urgencias ciudadanas.

“Esta acusación ha sido una pérdida total de tiempo. Mientras el país exige certezas económicas y empleo, acá se gastan semanas en un show político que no conduce a nada”, fustigó la legisladora.

Los argumentos detrás del rechazo

La diputada argumentó que el uso de esta herramienta constitucional se ha desnaturalizado en el último tiempo, transformándose en un recurso de guerrilla política en lugar de un mecanismo de fiscalización serio. Entre sus principales críticas destacan:

  • Falta de mérito jurídico: A juicio de la parlamentaria, las críticas a la gestión del ministro Grau pertenecen al ámbito del debate político y no constituyen una infracción constitucional que justifique su destitución.

  • Parálisis legislativa: Parisi denunció que las comisiones y las sesiones especiales destinadas a revisar la acusación frenan la discusión de proyectos clave en materia de seguridad y reactivación económica.

  • Llamado al Senado: Ante el inminente avance del libelo, la diputada fue clara en poner sus fichas en la Cámara Alta: “Espero que el Senado actúe con cordura, evalúe los datos con frialdad y termine diciendo que no a esta pérdida de tiempo”.

Con este desmarque, la discusión de la Acusación Constitucional entra en su tierra derecha, dejando en evidencia las profundas grietas y la falta de consenso transversal para conseguir los votos necesarios que pongan en jaque la continuidad del titular de Economía.