La gestión de la ministra de Energía, Ximena Rincón, enfrenta una semana de intensos cuestionamientos tanto en el Congreso como desde organizaciones civiles. A pesar de los esfuerzos de la cartera por avanzar en la transición hacia energías limpias, la implementación del descongelamiento de las tarifas eléctricas y la percepción de una respuesta “insuficiente” ante la crisis del costo de la vida han puesto a la secretaria de Estado bajo el escrutinio público.
1. El impacto del “Tarifazo” y la brecha de subsidios
La principal crítica proviene del impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos tras el ajuste de las cuentas de luz en este 2026. Parlamentarios de diversas bancadas han calificado la medida como un golpe desmedido para la clase media.
-
Insuficiencia de beneficiarios: Se critica que el subsidio eléctrico actual no alcanza a cubrir a la totalidad del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, dejando fuera a miles de familias que han visto incrementos de hasta un 30% en sus boletas.
-
Falta de anticipación: Sectores de la oposición acusan que el Ministerio no diseñó una estrategia de comunicación efectiva para amortiguar el impacto social del fin del congelamiento de precios que venía desde 2019.
2. Debilidad ante el alza de combustibles
En un contexto donde se proyectan alzas de hasta $35 por litro en las bencinas para este jueves 7 de mayo, la crítica apunta a una “pasividad” ministerial frente al funcionamiento del MEPCO. Gremiales de transporte y organizaciones de consumidores exigen que la ministra Rincón lidere una reforma profunda al impuesto específico o al mecanismo de estabilización, argumentando que la cartera ha sido “mera espectadora” de la volatilidad internacional sin proponer soluciones estructurales para el mercado interno.
3. Tensión con sectores ambientalistas
Pese a su discurso en favor del Hidrógeno Verde, la ministra ha enfrentado roces con comunidades locales y grupos ecologistas. Se le critica una excesiva celeridad en la aprobación de proyectos de transmisión eléctrica que atravesarían zonas de biodiversidad protegida. Las organizaciones sociales denuncian que la “urgencia energética” de la ministra está pasando por alto procesos de consulta ciudadana vinculantes, priorizando la inversión extranjera sobre el impacto territorial.
4. Burocracia en la Ley de Almacenamiento
Si bien la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad fue celebrada en su momento, hoy se critica la lentitud en la publicación de los reglamentos necesarios para que las empresas operen. Expertos del sector privado señalan que esta demora administrativa mantiene “frenadas” inversiones por cientos de millones de dólares, lo que contradice el discurso de eficiencia y reactivación económica que promueve la ministra.
5. ¿Cambio de rumbo?
Ante este escenario, voces en el Congreso no descartan solicitar una interpelación a la ministra Rincón para que rinda cuentas detalladas sobre el plan de mitigación tarifaria para el segundo semestre de 2026. La presión política aumenta mientras la ciudadanía exige que la energía deje de ser solo una cifra macroeconómica y se convierta en un servicio accesible y justo.