El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con la Corporación Nacional Forestal y el Parque Metropolitano de Santiago, presentó oficialmente un inédito plan nacional de prevención que por primera vez incorporará zonas de riesgo de incendios forestales directamente dentro de los planes reguladores comunales e intercomunales del país. La medida busca enfrentar de manera estructural el avance de los siniestros en sectores de interfaz urbano-rural, donde el crecimiento habitacional colinda estrechamente con bosques y quebradas.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, junto a la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, la estrategia contempla el establecimiento obligatorio de franjas críticas de resguardo de doscientos cincuenta metros de ancho entre las áreas urbanas consolidadas y las superficies forestales o vegetales. Dichos corredores de seguridad deberán mantenerse permanentemente desprovistos de material combustible, malezas y residuos que faciliten la propagación rápida de las llamas hacia sectores poblados.
Esta modificación normativa adquiere especial relevancia de cara a la temporada estival dos mil veintiséis dos mil veintisiete, período que según los pronósticos técnicos presenta un elevado nivel de amenaza debido al crecimiento abundante de vegetación registrado tras las lluvias invernales y a las proyecciones de olas de calor prolongadas en la zona centro y sur. Según cifras oficiales de la autoridad forestal, el noventa y nueve por ciento de los incendios en Chile se origina por intervención humana, ya sea por negligencia, descuidos o acciones intencionales.
Para fortalecer la capacidad operativa durante los próximos meses, el Estado ha dispuesto una flota nacional de setenta y siete aeronaves especializadas y más de trescientas brigadas terrestres distribuidas estratégicamente a lo largo del territorio, complementando la campaña preventiva denominada Juntos pongamos un Alto al Fuego. No obstante, las autoridades recalcaron que la planificación territorial resulta indispensable para evitar que futuras expansiones inmobiliarias se instalen en zonas altamente vulnerables sin medidas de mitigación adecuadas.
Con la incorporación de estas exigencias en los instrumentos de planificación urbana, los municipios y desarrolladores deberán integrar criterios ambientales y de seguridad desde el diseño inicial de cada proyecto, protegiendo tanto la vida de las familias como los ecosistemas nativos circundantes.

