Una revisión de registros públicos de prensa sobre el financiamiento de la campaña presidencial de José Antonio Kast en 2025 confirma que un grupo acotado de grandes empresarios aportó sumas cercanas al tope legal permitido, y que meses después, ya en el gobierno, el Ejecutivo despachó la denominada Ley de Reconstrucción Nacional, una megarreforma que reduce el impuesto corporativo y repone la reintegración tributaria.

De acuerdo con los antecedentes recopilados a partir de reportes periodísticos basados en registros del Servicio Electoral (Servel), la campaña de primera vuelta de Kast alcanzó un financiamiento total de $1.721 millones al 14 de noviembre de 2025. De ese monto, $208.901.370 correspondieron a 1.523 aportes individuales sin créditos (al 7 de noviembre), además de un crédito contra reembolso de votos por $500 millones. No obstante, el 63% del dinero donado a nivel presidencial se realizó bajo reserva de identidad, impidiendo conocer la nómina completa de donantes.

Entre los aportantes con nombre público destacan figuras vinculadas a grandes grupos económicos, todas respetando el máximo legal de $19.195.920 por persona:

  • Carlos Larraín Peña (expresidente de RN y abogado): $19.195.920.

  • Nicolás Ibáñez Scott (fundador de D&S y expresidente de la Fundación para el Progreso): $19.000.000 (mismo monto que aportó a Evelyn Matthei).

  • Lucy Ana Avilés (casada con Benjamin Walton, heredero de Walmart): $17.000.000 al 22 de septiembre (reportes posteriores la sitúan cerca de los $19 millones).

  • Francisca Díaz del Río (familia Del Río, vinculada a Falabella): $12.000.000 iniciales (consignada posteriormente en $19 millones).

  • Gonzalo Martino (Holding Contempora, socio de Jesús Diez de Turbus): $10.000.000.

El giro tributario de 2026 y el debate por conflicto de interés

Tras asumir el mando en marzo de 2026, el gobierno ingresó en abril la Ley de Reconstrucción Nacional —despachada por el Congreso el 4 de agosto de 2026—, que modifica 36 leyes y 15 decretos. Sus ejes centrales rebajan gradualmente el impuesto de Primera Categoría a las empresas del 27% al 23% hacia 2029 y reponen el sistema tributario reintegrado, permitiendo a los dueños de empresas imputar el 100% del impuesto pagado por sus sociedades.

Si bien los documentos analizados precisan que no existe evidencia de una ley tramitada a medida para un donante específico —lo que requeriría auditar audiencias de Ley de Lobby e indicaciones parlamentarias—, la oposición cifró el costo fiscal de la medida en US$ 1.858 millones, advirtiendo que beneficia principalmente al 1,9% de las grandes empresas (que concentran el 88,9% de las ventas). Asimismo, parlamentarios opositores recurrieron a la Contraloría por posibles conflictos de interés del propio Presidente Kast (debido a su participación en una sociedad valorada en cerca de $5.000 millones) y de sus ministros. Desde Hacienda, el ministro Jorge Quiroz defendió la reforma asegurando que «reabre el país a la inversión» y reduce costos de contratación.

Análisis Comparativo: El Chile que recibió Kast vs. el Chile actual (noviembre 2026)

José Antonio Kast asumió la Presidencia en marzo de 2026 con dos promesas centrales de campaña: reactivar el crecimiento económico y derrotar la crisis de seguridad. A ocho meses de iniciada su administración, las cifras macroeconómicas muestran un deterioro significativo en actividad, empleo e inflación respecto de las condiciones en las que recibió el país, contrastando con avances en seguridad pública y una fuerte caída en su aprobación ciudadana.

Indicador Clave Chile recibido por Kast (Cierre 2025 / Inicio 2026) Chile actual (Octubre – Noviembre 2026) Variación / Tendencia
Crecimiento del PIB 2,5% anual en 2025 (impulsado por alza de 8,9% en inversión y 2,7% en consumo). 0,0% proyectado para 2026 por el mercado (EEE Banco Central; Hacienda prevé 0,7%). Desaceleración severa (-2,5 pp respecto a 2025).
Tasa de Desempleo (INE) 8,3% (trimestre dic. 2025 – feb. 2026). 9,8% nacional / 10,4% en la Región Metropolitana (jul. – sept. 2026). Alza de +1,5 pp a nivel nacional; destrucción de empleo asalariado formal.
Inflación (IPC 12 meses) 2,4% en febrero de 2026 (nivel más bajo desde agosto de 2020). 4,5% acumulado en 12 meses a octubre de 2026. Repunte inflacionario de +2,1 pp, alejándose de la meta del 3% del Banco Central.
Seguridad (Homicidios) 1.091 víctimas en 2025 (venían en descenso desde el peak de 1.330 en 2022). Baja de 13,7% en homicidios y 11,2% en robos violentos (balance parcial 2026 vs. 2025). Continúa la tendencia a la baja, aunque persiste alta percepción de inseguridad.
Aprobación Presidencial 39% percibía un manejo correcto en marzo de 2026 al asumir. 24% de aprobación en Criteria (67% desaprobación) y 18% en otras mediciones recientes. Desplome de 15 a 21 puntos en ocho meses de gestión.

Balance de gestión: El contraste entre la macroeconomía y el bolsillo ciudadano

  1. Estancamiento y desempleo pese a las señales pro-empresa: Aunque el gobierno logró despachar en agosto su reforma tributaria estrella para incentivar la inversión privada, las expectativas del mercado para el cierre de 2026 cayeron a 0% de crecimiento. Paralelamente, el desempleo escaló hasta rozar los dos dígitos (9,8% nacional y 10,4% en Santiago), golpeando especialmente al empleo asalariado formal.

  2. El costo de la vida desplazó a la seguridad como principal preocupación: Kast recibió una inflación controlada en 2,4% interanual, pero el alza en combustibles y servicios básicos empujó el IPC nuevamente hasta el 4,5% en octubre de 2026. Según estudios de opinión recientes, un 68% de los chilenos declara un deterioro en su situación económica familiar y un 76% tiene poca o ninguna confianza en que el Ejecutivo logre mejorar la economía.

  3. Seguridad con cifras a la baja, pero sin rédito político: En el ámbito donde el gobierno exhibe sus mejores indicadores —una caída del 13,7% en homicidios y una reducción superior al 86% en ingresos irregulares fronterizos detectados respecto a 2025—, la ciudadanía mantiene una evaluación crítica (apenas 24% aprueba su manejo contra la delincuencia), afectada por controversias políticas como los debates sobre rebajas de penas y la sensación de improvisación.

¿Estarán felices sus votantes y sus aportantes con estos números?

El balance de noviembre de 2026 dibuja una profunda divergencia entre los dos grupos que sostuvieron el proyecto de José Antonio Kast:

  • Por el lado de sus grandes aportantes y el mundo empresarial: En el plano normativo, obtuvieron exactamente lo que respaldaron en campaña: un gobierno que en menos de cinco meses despachó una rebaja del impuesto corporativo al 23% y restituyó la reintegración tributaria, aliviando directamente la carga fiscal de los grandes capitales. Sin embargo, desde el punto de vista de los negocios, la satisfacción es agridulce: una economía estancada en crecimiento cero y un consumo interno debilitado limitan las ventas y la rentabilidad que una rebaja de impuestos por sí sola no logra reactivar en el corto plazo.

  • Por el lado de sus votantes de a pie: Las cifras reflejan un desencanto acelerado.Quienes votaron por Kast esperando mayor poder adquisitivo, empleo y orden económico se encuentran hoy con una inflación que casi se duplicó (de 2,4% a 4,5%), un desempleo cercano al 10% y un costo de la vida al alza, mientras la principal reforma económica del gobierno priorizó alivios tributarios para el 1,9% de las grandes empresas en medio de un ajuste fiscal.

La interrogante que queda abierta hacia el segundo año de mandato es evidente: ¿puede sostenerse políticamente un gobierno cuyos grandes aportantes ya aseguraron su reforma tributaria, mientras sus votantes enfrentan crecimiento cero, mayor inflación y el desempleo más alto de los últimos años?