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El presidente de la corporación, Pablo Milad, calificó la medida como un procedimiento ilegal y arbitrario, confirmando la presentación de un recurso de protección.
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El dirigente acusó un afán mediático y falta de diálogo por parte del municipio de Peñalolén.
Frente a la clausura decretada este miércoles en la sede administrativa y deportiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), ubicada en Quilín, el presidente del organismo, Pablo Milad, rechazó enfáticamente la medida ejecutada por la Municipalidad de Peñalolén. Además, confirmó la presentación de un recurso de protección ante las instancias judiciales competentes.
Milad cuestionó el actuar del alcalde de la comuna, Miguel Concha, denunciando una intencionalidad política y mediática en el operativo municipal.
“Han sido completamente arbitrarios. El señor alcalde llamó a toda la prensa para hacerse famoso y no dio la cara cuando llegué. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Usar el fútbol como un medio de comunicación electoral? En lugar de notificar o dar un plazo para regularizar, optaron por venir a ejecutar de manera desmedida.”
— Pablo Milad, Presidente de la ANFP
Puntos clave expuestos por la directiva de la ANFP:
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Ilegalidad y arbitrariedad: La ANFP recalca que la sede de Quilín cuenta con permiso de edificación originario desde hace más de tres décadas y que desde 2023 se vienen realizando los ajustes necesarios para la recepción definitiva de las ampliaciones.
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Imprecisiones en el cobro de patentes: Respecto al monto exigido por el municipio, Milad precisó que el cálculo no pondera adecuadamente las variaciones patrimoniales exigidas por ley para la determinación del tributo.
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Impacto en Selecciones Nacionales: La medida afecta el desarrollo de los entrenamientos de la Selección Chilena Masculina Sub-17, que se encuentra preparando su participación internacional para el Mundial de Qatar.
La ANFP reitera su disposición a resolver de manera técnica e institucional la regularización del recinto, pero mantendrá las acciones judiciales en curso para suspender de forma inmediata la orden de clausura que califica de ilegal y desproporcionada.

