El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes una reunión con las directivas del Congreso y dirigentes de distintas tiendas políticas para acordar una agenda legislativa de carácter urgente, según informó Cooperativa. El encuentro se realizó tras la controversia generada por la disminución de penas a personas condenadas por abusos sexuales y violaciones a menores de edad. Asistieron el ministro de Justicia, Fernando Rabat, los titulares de Interior, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García Ruminot, junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y representantes de las comisiones de Seguridad, Constitución y Derechos Humanos.

El compromiso central fue tramitar un conjunto de reformas normativas en un plazo de 15 días. La propuesta legislativa contempla tres ejes: garantizar que las víctimas sean parte activa del proceso penal, establecer un marco legal sobre la aplicación retroactiva de las normas para evitar interpretaciones que faciliten rebajas carcelarias, y crear tribunales ejecutores de penas que trasladen la facultad de otorgar beneficios desde los comités de rebaja y el Ministerio de Justicia hacia instancias judiciales reguladas por ley.

Desde la cartera de Justicia se evalúa una vía administrativa o legal para anular las reducciones de penas ya concedidas en los 56 decretos que originaron la controversia, según la misma fuente. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, planteó que la solución debe apuntar a la revocación de la normativa base que habilita las rebajas de penas en estos casos. La presidenta del Partido de la Gente, Denisse Catalán, solicitó que el ministro Rabat ofrezca disculpas públicas, mientras el secretario de Estado ha sostenido que su actuación se ajustó a la Constitución.

La Comisión de Constitución del Senado iniciará la revisión de una iniciativa complementaria con el propósito de fusionarla con el proyecto que remita el Ejecutivo. En el Parlamento existe el diagnóstico de que el caso forzará un respaldo transversal de las fuerzas políticas. Sin embargo, en el oficialismo persiste la incertidumbre sobre si estas medidas serán suficientes para neutralizar el impacto sobre el Ministerio de Justicia y garantizar la continuidad de Rabat al mando de la cartera, según informó Cooperativa.