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La exministra y exdiputada expresó su profundo dolor y desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de autorizar beneficios carcelarios a 56 personas sentenciadas por abusos sexuales infantiles.
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Rubilar enfatizó que la protección a la infancia debe ir más allá del discurso y que el Gobierno debió mantener una postura firme rechazando la firma de dichos decretos.
En medio de una creciente controversia política y social, la exministra de Estado Karla Rubilar manifestó una dura crítica a la administración actual tras confirmarse la autorización del Ministerio de Justicia para la rebaja de condenas a 56 sancionados por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
En declaraciones brindadas a la emisoraLa Metro FM, Rubilar marcó una clara distancia con la postura asumida por el Ejecutivo. “Lo digo con dolor porque voté por este gobierno, pero no lo entiendo”, señaló la exautoridad, enfatizando que existían herramientas y antecedentes para haberse negado a la firma de los beneficios.
Cuestionamiento a los argumentos del Ejecutivo
Frente a la justificación brindada por el Gobierno sobre la existencia de criterios jurisdiccionales previas, la exministra sostuvo que el resguardo a los menores no admite medias tintas ni excusas administrativas.
“No basta con decir que existe jurisprudencia, sobre todo cuando hay fallos que avalaron el rechazo de rebajas de condena. La defensa de los niños y niñas no puede quedarse en un discurso. Es precisamente en las decisiones más difíciles donde se demuestra que son nuestra prioridad”, aseveró Rubilar.
Asimismo, argumentó que el Ejecutivo debió mantener una línea fija ante hechos de esta gravedad. Señaló que el rechazo a estos beneficios no constituye un desacato a los tribunales, sino una postura clara en favor de las víctimas:
“Yo creo que siempre puedo rechazarla, siempre puede el defensor de un condenado por este delito tremendo apelar, y siempre puede la justicia obligarme a hacer algo en lo que no estoy de acuerdo. Eso no es desacato; eso es tener una interpretación distinta, que la Corte Suprema también ha tenido”, concluyó.
Reacciones y contexto legislativo
La decisión gubernamental ha generado un amplio rechazo en distintos sectores políticos, motivando que diversos parlamentarios e impulsadores de iniciativas legales anuncien proyectos para frenar y prohibir de manera estricta cualquier tipo de beneficio o rebaja condicional a condenados por delitos de pedofilia y abuso sexual infantil en el país.

