Con más de 18 años de experiencia en evaluación clínica y forense, el psicólogo Sebastián Zelada Cordero ha trabajado directamente con niñas, niños, adolescentes y familias afectadas por vulneraciones graves de derechos. Su labor como perito en causas de alta complejidad se complementa con su rol en el Programa Habilidades para la Vida III, donde coordina acciones de promoción de bienestar emocional, acompañamiento psicosocial y prevención en comunidades educativas. Esa doble mirada —la del trabajo forense y la del trabajo escolar— le permite observar cómo se expresan estos fenómenos, cómo se silencian y qué desafíos enfrenta el país para proteger a quienes no siempre tienen las herramientas para pedir ayuda. En esta entrevista, comparte una perspectiva técnica pero cercana, desmonta mitos y propone acciones concretas para avanzar en prevención y acompañamiento.
Sebastián, cuando hablamos de delitos sexuales y vulneraciones graves de derechos en la infancia y adolescencia en Chile, ¿de qué fenómeno estamos realmente hablando hoy? ¿Cómo describirías su magnitud y lo que está ocurriendo en el país?
Cuando hablamos de delitos sexuales y vulneraciones graves de derechos en la infancia y adolescencia en Chile, estamos frente a un fenómeno que es mucho más grande de lo que solemos imaginar. Cada año ingresan al sistema miles y miles de denuncias por delitos sexuales, y una parte muy importante de ellas involucra a niñas, niños y adolescentes. Es un volumen enorme, sostenido en el tiempo, y que muestra que este no es un problema aislado ni excepcional.
Pero incluso esas cifras, que ya son altas, no alcanzan a reflejar la realidad completa. Lo más complejo es la cantidad de casos que nunca llegan a denunciarse. Esa cifra negra es inmensa. Son niños y adolescentes que no han podido develar lo que les ocurre, que han sido silenciados por miedo, por vergüenza, por presiones familiares o por la dependencia emocional y económica que existe en muchos hogares. Y cuando el agresor es alguien cercano, el silencio se vuelve todavía más profundo. En esos casos, la vulneración no solo queda oculta, sino que muchas veces se repite durante años.
También vemos que este fenómeno atraviesa todo el país y todas las realidades sociales. No es un problema de un sector específico. Afecta a familias de distintos contextos, a niños institucionalizados, a adolescentes que viven en zonas urbanas y rurales. Es transversal. Y eso es importante decirlo, porque todavía existe la idea de que estos delitos ocurren “en otros lugares”, cuando en realidad están presentes en cualquier comunidad.
Lo que muestran las cifras y lo que vemos en la práctica es que estamos frente a un problema estructural, persistente y profundamente silencioso. Y ese silencio es parte del daño. Porque mientras no se hable, mientras no se develen las experiencias, la vulneración continúa y el impacto se vuelve más crónico. Por eso es tan relevante que como país podamos mirar este fenómeno con la seriedad que merece y con la responsabilidad de proteger a quienes no siempre tienen las herramientas para pedir ayuda.
En muchos casos, las víctimas tardan en hablar o incluso nunca llegan a develar lo que vivieron. Desde tu experiencia, ¿qué hace tan difícil que niñas, niños y adolescentes puedan pedir ayuda y contar lo que les está ocurriendo?
En muchos casos, las víctimas tardan en hablar o incluso nunca llegan a develar lo que vivieron. Desde tu experiencia, ¿qué hace tan difícil que niñas, niños y adolescentes puedan pedir ayuda y contar lo que les está ocurriendo?
Hablar de algo tan doloroso nunca es fácil. Y para niñas, niños y adolescentes, es todavía más complejo. Muchas veces pensamos que si alguien está viviendo una vulneración “se le va a notar”, pero la verdad es que no siempre es así. El silencio es parte del fenómeno, y ese silencio tiene muchas capas.
Lo primero es el miedo: miedo a que no les crean, miedo a las consecuencias, miedo a que la familia se quiebre. Cuando el agresor es alguien cercano, ese miedo se multiplica. Las y los adolescentes saben que algo grave está pasando, pero también saben que contar lo ocurrido puede cambiarlo todo dentro de su casa. Y esa carga es demasiado grande para alguien que está en pleno desarrollo.
A eso se suma la culpa, que es muy común. Muchas víctimas piensan que hicieron algo mal, que “permitieron” algo, que podrían haber evitado la situación. Y esa culpa no nace de ellas o ellos: nace de los mensajes culturales que todavía circulan. Hay ideas instaladas sobre cómo deben comportarse las niñas, cómo deben “cuidarse” los niños, cómo deben actuar las y los adolescentes. Cuando esos mensajes están presentes en la familia, el silencio se vuelve casi automático.
También está la brecha generacional. Hoy vemos adolescentes con una capacidad de reflexión y pensamiento crítico impresionante, pero que siguen dependiendo de adultos que crecieron en contextos donde estos temas no se hablaban. Si una niña o un adolescente recibe señales de que “mejor no meterse”, “no hacer escándalo”, “no arruinar la familia”, es muy difícil que pueda pedir ayuda.
Y por último, está el sistema. Los procesos judiciales son largos, desgastantes, y muchas veces van acompañados de medidas proteccionales que cambian la vida cotidiana de la víctima. Las y los jóvenes saben que contar lo que les pasa no es un camino corto ni simple. Y eso también influye en que se demoren en hablar o que nunca lleguen a hacerlo
Lo que vemos en la práctica es que no es que no quieran hablar. Es que el contexto que los rodea —la familia, la cultura, el miedo, la culpa, el sistema— hace que hablar sea una decisión enorme. Por eso es tan importante que como adultos generemos espacios de confianza reales, donde pedir ayuda no sea visto como una amenaza, sino como un acto de protección.
Cuando hablamos del impacto psicológico que dejan estas vulneraciones, muchas personas imaginan solo señales evidentes. Desde tu experiencia, ¿cómo se expresa realmente ese daño en niñas, niños y adolescentes?
El impacto psicológico de estas vulneraciones no es uniforme. No existe “una forma” de reaccionar. Y eso es algo que como sociedad todavía nos cuesta entender. Muchas personas esperan ver señales evidentes, cambios bruscos de conducta o síntomas muy marcados. Pero en niñas, niños y adolescentes, el daño puede expresarse de maneras muy distintas.
Hay casos donde la afectación es visible: irritabilidad, angustia, conductas externalizantes, dificultades para concentrarse, alteraciones del sueño. Son señales que llaman la atención rápidamente. Pero también existe el daño silencioso, ese que se esconde en el retraimiento, en el aislamiento, en la pérdida de interés por actividades que antes eran significativas. A veces lo único que se observa es un cambio sutil en la forma de relacionarse, y eso puede pasar desapercibido durante mucho tiempo.
La sexualización traumática es un ejemplo claro de esta variabilidad. No siempre se expresa como conductas sexualizadas evidentes. Puede aparecer como confusión respecto a los límites, como miedo frente a situaciones de intimidad, como rechazo al propio cuerpo, o incluso como una desconexión emocional profunda. Cada niña, niño o adolescente vive el trauma desde su historia, su edad, su vínculo con el agresor y su contexto familiar. Por eso no podemos esperar un “síntoma típico”.
También están las develaciones tardías. Muchas víctimas hablan años después, cuando ya tienen más herramientas, más distancia o más seguridad emocional. Y eso no significa que el daño haya sido menor; significa que no tuvieron las condiciones para expresarlo antes. El trauma se instala, se vuelve parte de la vida cotidiana, y se manifiesta de formas que no siempre son fáciles de identificar.
En mi experiencia pericial, lo que más se repite es la variabilidad. No hay un patrón único. Hay niñas que se vuelven muy silenciosas, adolescentes que se muestran hiperactivas, niños que desarrollan síntomas ansiosos, otros que parecen “funcionar bien” hasta que algo detona la memoria emocional. Por eso es tan importante mirar con atención, sin prejuicios y sin esperar que el daño se vea de una manera específica.
El trauma en la infancia y adolescencia es complejo, profundo y muchas veces invisible. Y justamente por eso, la detección temprana y el acompañamiento especializado son claves para evitar que ese daño se cronifique y siga afectando su desarrollo.
En el imaginario social suele haber ideas muy instaladas sobre quiénes son los agresores y cómo ocurren estos delitos. Desde tu experiencia forense, ¿qué características suelen tener estos casos y qué implicancias tiene cuando el agresor es alguien del entorno cercano de la víctima?
En el imaginario social todavía existe esta idea de que los agresores son “monstruos” como los que vemos en series o películas, estos personajes casi irreales, tipo Hannibal Lecter o depredadores que acechan desde la oscuridad. Pero en la práctica, los casos que vemos en el trabajo forense son muy distintos. La mayoría de los agresores no encajan en ese estereotipo. Son personas conocidas por la víctima, parte del entorno cotidiano, y muchas veces insertas en dinámicas familiares o comunitarias que facilitan la oportunidad del delito.
Lo que aparece con mucha frecuencia es el agresor de oportunidad: alguien que aprovecha un contexto, una relación de confianza, una brecha de supervisión o una vulnerabilidad específica. No estamos hablando de perfiles psicopáticos seriales, sino de sujetos que actúan desde una combinación de factores como deprivación cultural, ausencia de límites, distorsiones respecto a la sexualidad y una lectura completamente errada del vínculo con la víctima. Y eso es importante decirlo, porque cambia por completo la forma en que entendemos el fenómeno.
Cuando el agresor es alguien cercano, el impacto es doble. Primero, porque la vulneración ocurre en un espacio que debería ser seguro. Y segundo, porque afecta a todo el sistema familiar. Las madres, padres o cuidadores también se convierten en víctimas: viven culpa, miedo, rabia, confusión, y muchas veces sienten que fallaron en proteger. Esa afectación es real y tiene consecuencias en la capacidad de acompañar a la niña, niño o adolescente en su proceso reparatorio.
Además, cuando el vínculo es cercano, aparecen fenómenos como la ilusión de voluntariedad, especialmente en adolescentes. Ellas y ellos pueden sentir que “consintieron”, que “participaron”, que “no se resistieron lo suficiente”. Y ahí es fundamental ser claros: la responsabilidad siempre recae en el adulto. Somos los adultos quienes ponemos los límites, quienes definimos el marco ético y quienes debemos proteger. Las transformaciones culturales impulsadas por el feminismo han sido clave para instalar la idea de que el consentimiento tiene límites claros y que ninguna relación asimétrica puede interpretarse como voluntaria. Ese principio también aplica a la infancia y adolescencia: ningún límite puede ser traspasado, sin importar la edad, la ropa, el contexto o la relación.
Hoy, además, el escenario se complejiza con el mundo digital. Las pantallas abren espacios donde los agresores pueden operar sin supervisión, y donde niñas, niños y adolescentes se mueven con naturalidad, pero sin la protección que sí les damos en el mundo físico. A veces no dejamos que nuestros hijos vayan solos al centro, pero les damos libertad absoluta en internet, que es un espacio mucho más riesgoso.
Lo que queda claro es que los agresores no son figuras excepcionales ni personajes de ficción que vemos en series o películas. Son personas insertas en la vida cotidiana, y cuando forman parte del entorno cercano, el daño se amplifica y se vuelve sistémico. Por eso es tan importante comprender el fenómeno sin estereotipos, para poder prevenir, detectar y acompañar de manera efectiva.
Con todo lo que has visto en tu trabajo, ¿qué crees que necesitamos mejorar como país para enfrentar este fenómeno? ¿Qué acciones concretas pueden tomar las instituciones y también las familias para proteger mejor a niñas, niños y adolescentes?
Cuando uno trabaja en estos casos durante años, se da cuenta de que el problema no es solo la magnitud del fenómeno, sino la forma en que lo estamos enfrentando como país. Hay esfuerzos importantes, sí, pero todavía tenemos brechas grandes en prevención, en acompañamiento y en especialización. Y eso se nota en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.
Lo primero que necesitamos mejorar es la capacidad de detectar a tiempo. Hoy muchas vulneraciones se descubren tarde, cuando el daño ya está instalado. Y eso ocurre porque no siempre sabemos qué mirar, porque las señales no son evidentes y porque todavía existe miedo a “meterse” en temas familiares. Las escuelas, los liceos y las comunidades pueden cumplir un rol clave si cuentan con equipos preparados, con protocolos claros y con espacios donde las y los adolescentes puedan hablar sin temor a ser juzgados.
También necesitamos fortalecer la especialización. No basta con tener buena voluntad: se requiere formación técnica para acompañar a una víctima, para entrevistarla, para protegerla y para evitar la revictimización. En Chile hay profesionales muy comprometidos, pero el sistema es exigente, la rotación es alta y muchas veces los equipos trabajan con una carga que no permite hacer prevención de manera sostenida. Si queremos enfrentar este fenómeno en serio, necesitamos invertir en personas, en capacitación y en estabilidad.
A nivel familiar, las acciones concretas son más simples de lo que parecen, pero muy poderosas. Hablar de límites, de consentimiento, de cuidado mutuo. No desde el miedo, sino desde la claridad. Generar espacios donde niñas, niños y adolescentes puedan contar lo que les pasa sin temor a que se les culpe, se les cuestione o se les minimice. Y estar atentos a los cambios, incluso a los sutiles. A veces una conversación a tiempo evita que una vulneración avance.
Y por último, necesitamos asumir que la protección es una tarea colectiva. No es solo del sistema, ni solo de las familias, ni solo de las escuelas. Es de todos. Cuando entendemos que la seguridad de niñas, niños y adolescentes depende de cómo nos relacionamos, de cómo educamos, de cómo acompañamos y de cómo reaccionamos frente a una sospecha, empezamos a construir un país más seguro para ellos y ellas.
En resumen, lo que necesitamos es coherencia: equipos preparados, instituciones que funcionen, familias que conversen y una comunidad que entienda que proteger no es intervenir en la vida privada, sino garantizar que cada niña, niño y adolescente pueda crecer sin miedo.
