Carozzi interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema en septiembre para revocar una multa de 500 UTM (cerca de $35 millones) que le impuso la Seremi de Salud Metropolitana, según informó La Tercera. La sanción se originó por la campaña publicitaria ‘Comamos Informados’, lanzada en junio de 2018, que la autoridad sanitaria consideró infractora del artículo 53 del Código Sanitario, el cual prohíbe propaganda que pueda engañar al público o dañar la salud.
La compañía, representada por el estudio Guerrero y Olivos, sostiene que fue sancionada por expresar una opinión crítica sobre la política de Etiquetado de Alimentos. Según el recurso, la empresa ejerció su derecho a la libertad de expresión al promover el eslogan ‘Porque no siempre menos sellos es mejor’. La multa se habría originado tras una denuncia presentada por el entonces senador Guido Girardi.
En el escrito presentado ante el máximo tribunal, Carozzi cuestiona que tanto quien denunció como la autoridad que sancionó tenían vínculos con la promoción de la Ley de Etiquetado, según consigna la defensa. El recurso argumenta que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la multa, estableció que la campaña resultaba ‘contraria a las políticas establecidas y promovidas por la autoridad competente’.
La empresa alega que fue castigada por una conducta no tipificada como infracción administrativa y que la sentencia constituye una forma de censura, según su presentación judicial. Carozzi perdió en primera y segunda instancia antes de acudir a la Corte Suprema, donde insiste en que manifestar una posición respecto de una política pública es un derecho constitucional.
El recurso de casación denuncia errores de derecho en las instancias previas y sostiene que los fallos atentan contra las bases del Estado de Derecho al restringir la libertad de expresión bajo el argumento de proteger políticas gubernamentales, según la defensa de la empresa.
Fuente: La Tercera.