• Un informe final del órgano contralor auditó a 8.880 beneficiarios del Programa Inversión en la Comunidad (PIC) ejecutados durante 2024.

  • Entre los hallazgos destacan 1.044 personas que no cumplían requisitos, cobros por parte de dos concejales en ejercicio, asignación discrecional de cupos por dirigencias sindicales y debilidades financieras en la gestión de convenios y fondos públicos.

  • La Contraloría ordenó la instrucción de un sumario administrativo en la Delegación Presidencial Regional del Biobío y remitirá los antecedentes a la Fiscalía.

Panorama General y Cobertura

El programa Inversión en la Comunidad (PIC) —administrado por el Departamento ProEmpleo de la Subsecretaría del Trabajo— financia mensualmente un promedio de 15.546 empleos directos a nivel nacional. Esta iniciativa, nacida en 2001 para mitigar los efectos de la crisis asiática, busca mejorar la empleabilidad en zonas de vulnerabilidad o afectadas por caídas en la demanda laboral. Actualmente, es ejecutada por las Delegaciones Presidenciales Regionales a través de convenios con entidades privadas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

A pesar de su alcance nacional, la Región del Biobío concentra la mayor proporción del programa, abarcando históricamente más de la mitad de los cupos del país.

Principales Hallazgos del Informe N°180/2026

El Informe Final N°180/2026, firmado por el contralor regional Carlos Basáez Valdebenito, analizó el universo de 8.880 beneficiarios de la región durante el ejercicio 2024, mediante cruzamiento de datos con el Registro Civil, Fonasa, SII, Sence, Suseso y la Dirección del Trabajo, además de fiscalizaciones en terreno.

  1. Incumplimiento de Requisitos de Ingreso (11,8% del total): Un total de 1.044 personas no cumplían las condiciones legales para acceder a los cupos. Entre ellos, 733 percibían pensiones superiores al ingreso mínimo mensual, 294 contaban con otras rentas o contratos de honorarios, y 17 registraban más de un empleador simultáneo.

  2. Asignación Discrecional y Vínculos de Parentesco: El informe evidenció la ausencia de procedimientos formales de selección e incorporación, delegando en la práctica dicha facultad en dirigentes sindicales. Se identificaron:

    • 343 beneficiarios vinculados directamente a 138 dirigentes sindicales del programa.

    • 116 beneficiarios parientes de personal de las ONG ejecutoras (tales como Almendral, Cordeco, Forjadores del Futuro, Fundación Uniem, entre otras).

    • 9 beneficiarios con vínculos de parentesco con 7 integrantes de la coordinación regional de ProEmpleo.

    • 2 concejales en ejercicio (de las comunas de Penco y Curanilahue) que cobraban beneficios del programa.

  3. Vulnerabilidades en Control y Seguridad:

    • 813 personas realizaban funciones en establecimientos educacionales sin acreditar la idoneidad psicológica requerida para trabajar con menores.

    • 1.692 beneficiarios contaban con flexibilidad horaria sin formalización ni respaldo reglamentario.

    • 9 beneficiarios registraron salidas del país mientras mantenían licencias médicas vigentes.

  4. Irregularidades Financieras y de Convenios:

    • 22 convenios fueron ejecutados a pesar de haber sido representados (objetados) en el trámite de toma de razón por falta de disponibilidad presupuestaria o deficiencias jurídicas.

    • Se constataron pagos injustificados por $4.695.000 en bonos de movilización a personas con licencia médica, así como transferencias de fondos públicos ($4.407.750) a cuentas personales para el pago de cuotas sindicales sin los debidos respaldos institucionales.

    • Se detectó el uso de planillas informáticas informales (Excel) para el control de recursos en lugar del Sistema de Rendición de Cuentas (SISREC).

Acciones Correctivas y Medidas Legales

Frente a la gravedad de los antecedentes, la Contraloría determinó las siguientes acciones inmediatas:

  • Sumario Administrativo: La Delegación Presidencial Regional del Biobío dispone de un plazo de 15 días hábiles para notificar el inicio de un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas por la tramitación e irregularidades en los convenios.

  • Derivación al Ministerio Público: Los antecedentes que puedan configurar eventuales delitos (tales como fraude de subvenciones o malversación de caudales públicos) serán remitidos a la Fiscalía.

  • Regularización y Retención de Fondos: Se ordenó revisar la continuidad de los beneficiarios objetados, exigir acreditaciones de idoneidad psicológica para el trabajo con menores y gestionar la restitución de pagos improcedentes.

Declaraciones Oficiales y Contexto Estructural

El delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, señaló que los hallazgos corresponden a la gestión de 2024 y que la administración actual se encuentra implementando medidas de corrección a partir de las observaciones formuladas.

Asimismo, estudios de organismos de políticas públicas (como el CEP) advierten un problema de permanencia estructural en el programa: en años previos, más del 40% de los participantes permanecían por más de seis años en un beneficio diseñado originalmente como un subsidio de emergencia de carácter transitorio.

Contacto de Prensa / Referencias:

  • Fuente primaria: Informe Final N°180/2026 – Contraloría Regional del Biobío.
  • Documentación citada: Subsecretaría del Trabajo, DIPRES, Centro de Estudios Públicos (CEP) y reportes de prensa regional.