Una inusual y contundente carta enviada desde el Parlamento Europeo al presidente uruguayo Yamandú Orsi está despertando el interés de los medios y círculos diplomáticos en las últimas semanas. Treinta y un eurodiputados, provenientes de 11 países y pertenecientes a cuatro grupos parlamentarios, firmaron un documento en el que expresan su “profunda y creciente preocupación por la situación persistente del Estado de derecho en la República Oriental del Uruguay”.
La misiva, fechada en Bruselas, retoma un reclamo que ya había sido planteado el 12 de febrero por el eurodiputado alemán Markus Buchheit. En aquella primera comunicación —que, según los firmantes, nunca recibió respuesta— se denunciaba “la parcialidad observada en el sistema judicial” uruguayo en los procesos contra militares por hechos ocurridos entre 1972 y 1985.
El eje del reclamo: la Ley de Caducidad
El documento sostiene que los juicios actuales vulneran el espíritu de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848), aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos nacionales. Para los eurodiputados, la continuidad de estos procesos constituye “un desafío persistente al consenso democrático” expresado por la ciudadanía uruguaya en 1989 y 2009.
Los firmantes afirman que, pese al carácter “respetuoso y constructivo” de la primera carta, el silencio del gobierno uruguayo los obliga a elevar el tono y ampliar el respaldo político.
Una exigencia directa al Presidente Orsi
El núcleo del documento es una demanda explícita: Liberación inmediata de militares, policías y civiles procesados por causas del pasado reciente. Cese inmediato de todos los procedimientos judiciales en curso y futuros que contradigan la Ley de Caducidad. Los firmantes califican a los detenidos como “presos políticos en este contexto”.
Según la misiva, mantener estos procesos “pone en riesgo el clima de reconciliación tan duramente conquistado” y podría afectar la reputación internacional de Uruguay como democracia estable y socio confiable para la inversión y la cooperación.
Advertencias y tensiones internacionales
La carta también introduce un elemento de suma importancia diplomática: los eurodiputados aseguran haber iniciado una investigación sobre fondos europeos que, según ellos, habrían sido utilizados “para desestabilizar a una nación democrática soberana”. Además, advierten que, de no observar avances, considerarán “medidas adicionales en el Parlamento Europeo y en otros foros internacionales” para visibilizar el tema.
Un cierre formal, pero con presión implícita
Aunque el tono se mantiene diplomático, el mensaje es inequívoco. Los eurodiputados apelan al rol de Orsi como “guardián de la unidad y el futuro de la nación” y le solicitan actuar con prontitud para “restablecer la confianza en la imparcialidad de la justicia uruguaya”.
La carta concluye reafirmando respeto institucional, pero deja claro que el tema ya trascendió el ámbito bilateral y se instaló en la agenda europea.