150 cirugías habrían sido suspendidas por falta de recursos y ocultamiento de deudas millonarias*
La crisis financiera y administrativa del Hospital San Juan de Dios ha llegado a la justicia. La Federación Nacional de Trabajadores del Estado (FENATE) presentó ante la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Occidente una denuncia criminal por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y abandono de deberes, en contra de autoridades del hospital y del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
La acción judicial se sustenta en el Informe Final Nº 333 de la Contraloría Regional Metropolitana, emitido el 7 de octubre de 2025, que reveló un ocultamiento sistemático de pasivos por más de $32.704 millones, elevando la deuda real del hospital a $43.484 millones, cifra muy superior a la declarada oficialmente en los balances contables. Según el documento, se detectaron facturas no devengadas, litigios judiciales omitidos y maniobras en cuentas bancarias que distorsionaron los flujos de caja, configurando un cuadro de irregularidades graves.
El impacto de esta gestión deficiente fue inmediato y devastador para los pacientes. La morosidad con proveedores alcanzó hasta *331 días de retraso, lo que quebró la cadena de abastecimiento clínico y generó un **desabastecimiento de insumos críticos. Como consecuencia, se suspendieron al menos **150 cirugías anuales*, tanto GES como No GES, afectando directamente la atención médica y poniendo en riesgo la vida de cientos de personas en la Región Metropolitana.
La denuncia apunta a la responsabilidad de Midori Sawada Tsukame, directora del Hospital San Juan de Dios; Daniela Greibe Kohn, directora del Servicio de Salud Metropolitano Occidente; y Juan Luis Pérez Pineda, subdirector administrativo del mismo servicio, además de quienes resulten responsables por estos hechos.
La acción fue liderada por los directivos de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (FENATE), encabezados por su presidente Lenin Arroyo y el secretario nacional Carlos Undurraga. Según dirigentes de otra entidad de salud, esta iniciativa podría abrir la puerta a nuevas investigaciones que revelen otros actos ilegales aún no descubiertos, ampliando el alcance de la crisis y sus responsabilidades.
FENATE solicitó a la Fiscalía que los antecedentes sean remitidos a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, y que se cite a declarar al jefe de la Unidad de Control Externo de la Contraloría, Eduardo Díaz Araya, para esclarecer lo que califican como “graves hechos de corrupción en la salud pública*”.
La denuncia marca un hito en la historia del Hospital San Juan de Dios, uno de los centros asistenciales más antiguos e importantes del país, y abre un debate sobre la transparencia, la probidad administrativa y el impacto que la corrupción puede tener en el derecho fundamental a la salud.