La noticia de cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos cuyo paradero es desconocido en Chile no es solo una cifra en un informe de la Contraloría; es un síntoma de una falla estructural gravísima. Cuando un Estado pierde el rastro de la infancia más vulnerable, no solo está fallando en su deber administrativo, sino que está fracturando el contrato social más básico: el compromiso de protección hacia quienes no tienen voz ni herramientas para defenderse.
Durante los últimos días, las autoridades han intentado matizar la situación, asegurando que gran parte de estos menores han sido localizados o que no hay antecedentes de delitos graves. Sin embargo, el “desorden institucional” —como lo han calificado desde el propio Ejecutivo— no es una excusa válida. ¿Cómo es posible que el Estado, con toda su maquinaria de control, fronteras y registros, no sea capaz de saber dónde viven o qué condiciones enfrentan miles de niños que llegaron bajo procesos de reunificación familiar?
La invisibilidad como forma de abandono
Detrás de este extravío administrativo se esconde un drama humano. La comunidad haitiana ha expresado con legítimo temor que esta persecución improvisada y desordenada está alimentando un clima de sospecha sobre familias que, en muchos casos, solo buscan sobrevivir y dar un futuro a sus hijos. Cuando el Estado no sabe dónde están los niños, los expone a la negligencia, a la explotación y a la exclusión del sistema educativo y de salud. Un niño sin trazabilidad es un niño que, para efectos de la política pública, simplemente no existe.
No podemos normalizar que la respuesta ante una crisis de este calibre sea el caos de direcciones desactualizadas y bases de datos que no se comunican entre sí. La seguridad nacional no empieza solo en la frontera; empieza por garantizar que cada menor que pisa suelo chileno esté bajo el cuidado, la protección y la vigilancia del sistema. Si los niños no están en los registros, ¿cómo podemos asegurar que no están siendo víctimas de abusos o de las redes de trata que hoy, gracias a la tecnología, operan con tanta impunidad?
Más allá de la política: una cuestión de derechos
Es imperativo que esta “búsqueda coordinada” entre los poderes del Estado deje de ser una reacción espasmódica ante una filtración y se convierta en una política de protección permanente. No se trata de criminalizar a los padres ni de estigmatizar a una comunidad; se trata de una auditoría profunda de los procesos de reunificación y de un compromiso serio para que ningún niño, sin importar su origen, sea “borrado” del radar del Estado.
El verdadero estándar de una democracia no se mide por su capacidad de controlar la migración, sino por su capacidad de proteger a los más pequeños en su territorio. Por ahora, el silencio y la falta de información son una mancha que nos obliga a cuestionar qué está fallando realmente en nuestras instituciones. No podemos permitir que la burocracia se convierta en el sepulturero de la infancia migrante. Que no se sepa dónde están estos niños es un fracaso que nos interpela a todos como sociedad.
¿Considera que las medidas de búsqueda que se están tomando actualmente son suficientes para garantizar la seguridad de estos menores a largo plazo, o cree que se necesita una reforma más profunda en el sistema de migración?