La gestión de emergencias en Chile presenta vacíos en la atención a niños, niñas y adolescentes, según plantea un análisis que revisa la respuesta estatal ante catástrofes recientes. Durante el invierno, el Estado decretó estado de catástrofe y suspendió clases en regiones, pero los balances oficiales no especificaron cuántas personas damnificadas, albergadas o aisladas pertenecían a ese grupo etario, según el documento.

El Índice Comunal de Factores Subyacentes de Riesgo de SENAPRED registra que en 2025 había 287 comunas, el 83% del país, con riesgo moderado o alto ante emergencias, donde residen 2.877.409 menores de edad. El Índice de Riesgo Climático de la Infancia de UNICEF ubica a Chile en 5,8 puntos de un máximo de 10, por encima del promedio mundial de 4,2. En los incendios de enero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, cerca del 40% de las personas damnificadas registradas eran niños, niñas o adolescentes, según la Ficha Básica de Emergencia.

Los protocolos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se concentran en el Plan Integral de Seguridad Escolar, dejando fuera albergues, asentamientos precarios y espacios comunitarios, según el análisis. Los planes comunales de las zonas incendiadas en 2024 no mencionan requerimientos de la población infantil ni incorporan a las Oficinas Locales de la Niñez. La Ficha Básica de Emergencia tampoco permite dimensionar a tiempo la afectación de este grupo, indica el documento.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia registró este año recortes por más de 32 mil millones de pesos, siendo la Subsecretaría de la Niñez una de las más afectadas proporcionalmente. La Defensoría también vio reducido su presupuesto. El 30 de septiembre comienza en el Congreso la discusión del Presupuesto 2027, con un crecimiento del gasto anunciado entre 0% y 1%. La Ley 21.430 establece que en casos de crisis económicas o catástrofes naturales se priorizarán los recursos destinados a niños, niñas y adolescentes.

El análisis propone cuatro medidas: una regla de no regresividad del gasto en niñez con trazabilidad; financiamiento de las Oficinas Locales de la Niñez con protocolo de emergencias; incorporación de módulo por edad en la Ficha Básica de Emergencia; y papel coordinador de la Subsecretaría de la Niñez. Fuente: BioBio.