Durante la octava jornada de formalización del caso Sartor, la defensa de Michael Clark expuso por cuatro horas ante el tribunal. El abogado Bernardo Rosenberg sostuvo que su representado no era socio de Sartor, no contaba con poderes de administración ni con teléfono o correo corporativo de la empresa, según consignó La Tercera.
Según la defensa, las facultades para suscribir contratos, comprometer activos y ejecutar transferencias estaban radicadas en los apoderados clase A, entre quienes se encontraban Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Alfredo Harz, Oscar Ebel, Rodrigo Bustamante y Miguel León.
La abogada Karen Clark, hermana del imputado, detalló que de 90 operaciones cursadas en 2023 y 164 en 2024, Michael Clark no participó en ninguna de las aprobaciones, según reportó el medio. La defensa argumentó que la participación penal no se presume por el cargo y que el dolo no se construye por pertenencia orgánica a una institución.
Respecto a la adquisición de cuotas del FIP Tactical Sport en 2024, que dejó a Clark como mayor aportante con 90%, Rosenberg señaló que no se transaron acciones sino cuotas de un fondo de inversión privado. El abogado indicó que la Ley Única de Fondos prohíbe realizar oferta pública de cuotas de fondos de inversión privados, por lo que sería jurídicamente imposible construir un tipo penal sobre la omisión de ese acto, según su argumentación. Agregó que la interpretación de un órgano regulador no es fuente del derecho penal.
Sobre el delito de lavado de activos, la defensa argumentó que el Ministerio Público no logra acreditar que Clark haya actuado con conocimiento del origen ilícito de los fondos. Rosenberg sostuvo que el tipo penal requiere que el imputado conozca que el delito base se está cometiendo y simultáneamente ejecute actos de ocultamiento, condiciones que según la defensa no se cumplen en este caso.