La Moneda se encuentra en un estado de máxima alerta institucional tras revelarse un alarmante preinforme de la Contraloría General de la República que devela el paradero desconocido de cientos de menores de edad de nacionalidad haitiana que ingresaron al país. Ante la extrema gravedad de los hechos, que apuntan a una eventual red de trata de personas y tráfico de menores, el presidente José Antonio Kast ha convocado de urgencia a una reunión clave en el Palacio de La Moneda con los representantes de los tres poderes del Estado.
Reunión de emergencia en La Moneda
Al encuentro de alta convocatoria asistirán las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con el fiscal nacional, Ángel Valencia; el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna; y la contralora general, Dorothy Pérez. Asimismo, el mandatario ha designado a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para liderar y coordinar de manera intersectorial la búsqueda de los menores de edad a los que se les perdió el rastro. El objetivo de la cita es unificar esfuerzos judiciales y policiales ante lo que muchos parlamentarios ya catalogan abiertamente como una crisis de seguridad y derechos humanos de alcance internacional.
Las cifras del horror
La alerta se encendió luego de que una auditoría de la Contraloría tomara una muestra de 105 niños que ingresaron al país bajo el beneficio de la visa de “reunificación familiar”. Al fiscalizar las direcciones registradas para comprobar si efectivamente vivían con sus tutores, los fiscalizadores municipales constataron que 64 de los 105 niños de la muestra simplemente no fueron hallados, encontrándose en paradero totalmente desconocido.
Sin embargo, las estimaciones de la Fiscalía Nacional y del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) son mucho más devastadoras. El fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, advirtió de manera conservadora pero pesimista que el universo de niños afectados supera con creces los 200 casos iniciales, estimándose que la cifra real de menores de los que se desconoce el paradero podría escalar de manera alarmante a miles de víctimas a nivel nacional.
Los oscuros detalles de la operación
De acuerdo con las indagaciones iniciales de la PDI y la Contraloría, se detectó a un grupo cerrado de al menos 12 adultos (de nacionalidades chilena y extranjeras) que viajaron de manera reiterada a Haití entre 2024 y 2025. Estas personas ingresaban de regreso a Chile en vuelos chárter acompañadas de nutridos grupos de niños (algunos adultos llegaron a ingresar con más de 130 menores en distintos viajes) bajo el argumento de estar entregándolos a sus padres en el país. No obstante, las pericias arrojaron que los acompañantes no tenían ningún vínculo real con los niños, y en muchos casos las autorizaciones notariales y documentos de identidad estaban burdamente adulterados.
La Fiscalía Nacional mantiene abiertas diversas líneas de investigación penal que van desde la trata de personas y el tráfico de migrantes hasta el delito de cohecho, ante la sospecha de que funcionarios públicos de diversas reparticiones fronterizas y consulares pudieron haber recibido sobornos para facilitar de manera ilegal el ingreso de estos aviones.
El choque político
La magnitud de la crisis ha provocado un duro enfrentamiento político respecto a las responsabilidades administrativas. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, apuntó directamente contra la administración del expresidente Gabriel Boric. Sauerbaum denunció públicamente que en mayo de 2024 el gobierno anterior flexibilizó de manera irresponsable los criterios de ingreso para la reunificación familiar, permitiendo que miles de menores entraran al país portando simples certificados de nacimiento sin legalizar y sin controles estrictos de filiación, lo que terminó por hacer perder el control fronterizo del Estado.
Mientras el Congreso alista comisiones investigadoras especiales y el Ministerio Público descarta preliminarmente aristas aún más oscuras como el tráfico de órganos, la prioridad absoluta de las fuerzas del orden se concentra ahora en determinar con urgencia si estos cientos de niños desaparecidos están siendo víctimas de explotación laboral, abusos o redes clandestinas de adopción ilegal dentro o fuera del territorio chileno.