En una jornada clave para la justicia y la fe pública, el Ministerio Público procedió hoy a la formalización de cargos contra el exdiputado Joaquín Lavín León, tras una extensa investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad. Al exparlamentario se le imputa el delito de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, por una cifra que, según el informe pericial, superaría los $100 millones de pesos.
1. El Origen de la Investigación
La causa se desprende de las indagatorias realizadas en el marco de la gestión de la Municipalidad de Maipú, extendiéndose luego a las asignaciones parlamentarias del otrora legislador. La fiscalía sostiene que existiría una estructura de triangulación de fondos donde se habrían rendido servicios inexistentes o con sobreprecios, cuyos excedentes habrían sido desviados para fines personales o campañas políticas.
2. El Detalle de las Imputaciones
Según el escrito presentado ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, las irregularidades se concentran en tres ejes principales:
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Asesorías “Fantasma”: Pagos a terceros por informes técnicos que, de acuerdo a la fiscalía, presentan plagios masivos o nunca fueron entregados.
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Sobresueldos y Rendiciones: Gastos de representación y operativos que no coinciden con la actividad parlamentaria oficial del imputado.
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Vínculo con el Caso Maipú: La fiscalía busca determinar si parte de estos fondos guardan relación directa con el déficit detectado durante la administración de su cónyuge, Cathy Barriga.
3. Medidas Cautelares y Plazo de Investigación
Tras la exposición de los antecedentes —que incluyen el levantamiento del secreto bancario e interceptaciones telefónicas autorizadas—, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total y el arraigo nacional para Lavín León, argumentando peligro para la seguridad de la sociedad y riesgo de obstrucción a la justicia.
Por su parte, la defensa del exdiputado ha descartado la existencia de dolo, señalando que se trata de “errores administrativos propios de la gestión” y que no existe evidencia de enriquecimiento ilícito. El tribunal fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.
4. Reacciones en el Espectro Político
La formalización ha generado un fuerte eco en el Congreso. Parlamentarios de diversas bancadas han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre las asignaciones directas. “Este caso debe marcar un antes y un después en la transparencia de los recursos que todos los chilenos entregan para el ejercicio legislativo”, señalaron voces del oficialismo y la oposición.