Tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero, se han reactivado las expectativas de un cambio político en Venezuela y un retorno de la diáspora. Diversas evaluaciones y expertos coinciden en que el regreso de venezolanos el exterior -repartidos a lo largo de países de América Latina, como en Chile- no es inminente.
De acuerdo con el estudio del Observatorio Venezolano de la Diáspora (ODV), basado en una encuesta a 1.204 venezolanos residentes en el exterior, solo 12% de los consultados manifestó planes concretos de regresar dentro de los próximos dos años.
Por su parte, la evaluación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), basada en una encuesta realizada en seis países de la región —Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala— encontró que apenas un 9% tenía planes de retorno a Venezuela dentro de los próximos 12 meses.
Ambos estudios destacan que, entre quienes consideran la posibilidad de regresar, predomina una actitud de cautela. El retorno aparece condicionado a cambios profundos en Venezuela, especialmente en materia de economía, seguridad, empleo y transición política.
Este panorama resulta especialmente relevante en el caso chileno, donde el nuevo Gobierno, presidido por José Antonio Kast, ha aumentado la presión para la salida de los migrantes en situación irregular, muchos de ellos venezolanos. Para esa población, quedarse se ha vuelto más difícil, pero la incertidumbre de volver sigue siendo muy grande, según señalan los estudios.
DW conversó con tres venezolanos residentes en Chile, conocedores de la materia y con experiencia directa en el tema. Sus miradas permiten aproximarse —desde la experiencia venezolana— a la complejidad del problema y a posibles cursos de acción.
Más allá de venezolanos: El desafío migratorio de Chile en cifras
Chile, al igual que otros países de la región, enfrenta un desafío migratorio derivado del éxodo venezolano de la última década.
En menos de 10 años, la comunidad venezolana residente en Chile pasó de 83.045 personas, según el Censo de 2017, a 669.400 en el Censo de 2024. Tal como lo han señalado informes de la plataforma R4V, la magnitud y rapidez de ese flujo excedieron capacidades institucionales que no estaban diseñadas para gestionar el ingreso, la permanencia y la integración de una población extranjera de esa escala.
El desafío más sensible para Chile, dentro de este cuadro general, lo constituye la situación de aquellas personas que se encuentran en condición migratoria irregular.
De acuerdo con las estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones de Chile (SERMIG) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a diciembre de 2023 unas 336.984 personas extranjeras se encontraban en esa condición. De ellas, unas 253.000 eran venezolanas, cerca de un 75% del total.
En junio de 2023, el Gobierno chileno inició un registro biométrico para identificar a adultos extranjeros que habían ingresado de forma irregular al país.
Según la plataforma R4V Chile, unas 182.000 personas acudieron a identificarse ante el Estado; de ellas, 166.000 eran venezolanos, es decir, un 91%.