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El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23 revela que el 93% de las municipalidades del país incurrieron en esta irregularidad, incluyendo un caso extremo en Quilicura de un automóvil con 240 infracciones vigentes.
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La fiscalización también descubrió posibles conflictos de interés: 125 municipios renovaron permisos a sus propios funcionarios con deudas y 187 lo hicieron con familiares directos de trabajadores municipales.
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El órgano contralor ordenó el inicio de sumarios administrativos en un plazo de 5 días hábiles y remitió los antecedentes al Ministerio Público ante la eventual comisión de delitos.
SANTIAGO.– Una masiva vulneración a la normativa legal en el proceso de otorgamiento de documentos vehiculares quedó al descubierto tras la publicación del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23, emitido por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República (CGR). El informe, correspondiente al período 2022–2025, revela que 146.469 vehículos obtuvieron su permiso de circulación de manera irregular a pesar de mantener multas de tránsito impagas y vigentes.
La auditoría, que abarcó el universo total de las 345 municipalidades del país, determinó que 322 corporaciones edilicias —equivalentes al 93% del total nacional— autorizaron estas renovaciones contraviniendo expresamente la ley.
El marco legal vulnerado y la metodología del cruce de datos
De acuerdo con la legislación chilena vigente, los municipios tienen la obligación legal de verificar el estado de infracciones de cada vehículo y su propietario antes de cursar el pago del permiso de circulación:
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Multas de tránsito impagas: El artículo 24 de la Ley N° 18.287 (sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local) establece que las multas anotadas en el registro respectivo impiden la renovación del permiso mientras permanezcan impagas.
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Evasión del transporte público: El artículo 22 quáter de la Ley N° 21.083 ordena a los órganos del Estado suspender la entrega de documentos de transporte —incluido el permiso de circulación— a los propietarios de vehículos motorizados que figuren en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI) del sistema de transporte público metropolitano (Transantiago / Red Movilidad).
Para detectar estas anomalías, la Contraloría ejecutó un exhaustivo cruce masivo de bases de datos institucionales: los registros de Permisos de Circulación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), el Registro Nacional de Multas de Tránsito No Pagadas del Servicio de Registro Civil e Identificación, y el Registro de Pasajeros Infractores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).
El análisis consideró estrictamente aquellas multas cursadas y con sentencia vigente al mes de noviembre del año inmediatamente anterior al trámite de renovación, excluyendo de este cálculo las multas por evasión en el uso de dispositivos TAG, y verificando que dichas deudas continuaran impagas al 30 de abril de 2026.
Ranking comunal y casos críticos de reincidencia
El desglose territorial muestra una fuerte concentración de estas irregularidades en comunas de la Región Metropolitana. Las diez municipalidades con mayor cantidad de permisos renovados a vehículos con multas de tránsito vigentes entre 2022 y 2025 son:
| Posición | Municipalidad | Cantidad de permisos irregulares |
| 1 | Santiago | 7.356 |
| 2 | Estación Central | 6.924 |
| 3 | Providencia | 5.727 |
| 4 | Maipú | 5.124 |
| 5 | Ñuñoa | 3.920 |
| 6 | Colina | 3.648 |
| 7 | Quinta Normal | 3.581 |
| 8 | La Florida | 3.416 |
| 9 | San Joaquín | 3.235 |
| 10 | Quilicura | 3.144 |
La investigación identificó que la cantidad de multas impagas acumuladas por los vehículos beneficiados osciló entre 1 y 240 infracciones vigentes. Cinco municipalidades destacaron por validar permisos a automóviles que superaban las 100 multas sin pagar:
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Quilicura: Un vehículo con 240 multas de tránsito vigentes.
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Santiago: Un vehículo con 149 multas de tránsito vigentes.
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Estación Central: Un vehículo con 127 multas de tránsito vigentes.
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Las Condes: Un vehículo con 124 multas de tránsito vigentes.
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Concepción: Un vehículo con 109 multas de tránsito vigentes.
Asimismo, el informe evidenció una preocupante reiteración de la falta en el tiempo. Mientras 146.469 vehículos obtuvieron su permiso con multas vigentes en al menos 1 de los 4 años revisados, 18.768 lo lograron en 2 años distintos, 5.933 en 3 años, y 240 vehículos lograron renovar su permiso ilegalmente durante los 4 años consecutivos del período fiscalizado.
Eventuales conflictos de interés en funcionarios y familiares
Uno de los hallazgos más graves del CIC N° 23 dice relación con la probidad administrativa y eventuales conflictos de interés al interior de los propios gobiernos locales:
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125 municipalidades renovaron permisos de circulación a 1.172 funcionarios de la misma entidad edilicia que mantenían multas de tránsito vigentes.
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187 municipalidades otorgaron el documento a 7.378 familiares directos de funcionarios de la misma corporación que también registraban deudas impagas por infracciones de tránsito.
Infractores del Transantiago con permiso al día
En paralelo, la Contraloría detectó que 62 municipalidades incumplieron la Ley N° 21.083 al otorgar un total de 497 permisos de circulación a propietarios de vehículos inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago.
El listado de las diez comunas con mayor número de permisos entregados bajo esta condición lo encabezan:
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Santiago: 57 permisos
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Maipú: 49 permisos
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Renca: 31 permisos
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La Florida: 22 permisos
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La Pintana: 22 permisos
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Independencia: 21 permisos
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Cerro Navia: 19 permisos
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El Bosque: 17 permisos
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Quinta Normal: 16 permisos
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Lo Barnechea: 16 permisos
Acciones disciplinarias y derivación a la Fiscalía
Ante la gravedad y transversalidad de los hechos constatados —que no solo vulneran el principio de legalidad administrativa, sino que también generan un perjuicio financiero directo a las arcas municipales y al Fondo Común Municipal al dejar de percibir los ingresos por concepto de multas—, la Contraloría General de la República instruyó medidas inmediatas:
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Sumarios administrativos: Todas las municipalidades observadas deberán instruir los procedimientos disciplinarios correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios y jefaturas involucradas. El inicio de estos sumarios deberá ser informado formalmente a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la Contraloría en un plazo perentorio de 5 días hábiles.
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Remisión al Ministerio Público: Debido a que diversos hechos detectados —particularmente el otorgamiento irregular de documentos públicos y los eventuales favorecimientos a funcionarios y familiares— podrían revestir carácter de delito, la entidad fiscalizadora remitió la nómina completa de antecedentes al Ministerio Público para que inicie las investigaciones penales que correspondan.

