Por Humberto García Díaz | Director La Conexión

Chile enfrenta, desde hace décadas, una paradoja dolorosa: contamos con médicos de excelencia, con tecnología de punta en algunos centros y con indicadores sanitarios que, en promedio, nos ubican por sobre la región. Y, sin embargo, la experiencia cotidiana de millones de personas al enfermarse es la de la espera, la incertidumbre y, en demasiados casos, la angustia económica.

Esa paradoja tiene una causa estructural que ya no podemos seguir eludiendo: convertimos la salud en un comercio.

Cuando la salud se organiza como un mercado, deja de responder a la pregunta fundamental, ¿qué necesita cada persona para vivir sana?, y pasa a responder a otra, radicalmente distinta: ¿qué puede pagar cada persona? El resultado no fue, como se prometió, más eficiencia ni mejor calidad para todos. Fue una brecha profunda, persistente y moralmente insostenible entre quienes pueden comprar salud y quienes no.

Hoy en Chile coexisten dos realidades que parecen pertenecer a países distintos. Por un lado, quienes cuentan con recursos acceden a atención oportuna, a especialistas sin listas de espera, a exámenes inmediatos y a infraestructura de primer nivel. Por otro, la inmensa mayoría depende de un sistema público sobrecargado, con profesionales agotados, con esperas que se miden en meses y, en ocasiones, en años, y con la sensación de que la dignidad del paciente queda supeditada a la disponibilidad presupuestaria.

No se trata de desconocer los esfuerzos de quienes trabajan en el sistema público, ni de idealizar al sistema privado. Se trata de reconocer que un modelo que lucra con la enfermedad genera incentivos perversos: premia la atención de lo rentable por sobre lo necesario, fragmenta la atención, encarece los medicamentos y los procedimientos, y termina por trasladar el riesgo y el costo a las familias, precisamente en el momento de mayor vulnerabilidad.

Modernizar la salud en Chile no significa únicamente comprar más equipamiento o digitalizar fichas clínicas, aunque ambas tareas son urgentes. Modernizar significa, ante todo, cambiar su lógica.

Una salud moderna es una salud preventiva, territorial y centrada en las personas. Es una salud que invierte en atención primaria fuerte, en salud mental, en cuidados para las personas mayores, en salud rural y en determinantes sociales como la alimentación, la vivienda y el medio ambiente. Es una salud que utiliza la tecnología, la inteligencia artificial y los datos para anticiparse a las enfermedades, no solo para facturar su tratamiento.

Y democratizar la salud significa garantizar que el acceso no dependa del ingreso, del lugar donde se nació, del tipo de contrato laboral o de la capacidad de endeudarse. Significa un sistema universal, solidario y de calidad, donde la cotización de cada persona contribuya a un fondo común y donde la atención se asigne por necesidad clínica, no por capacidad de pago.

Democratizar no es uniformar hacia abajo. Es exactamente lo contrario: es elevar el estándar para todos, de modo que ninguna familia chilena deba elegir entre tratarse y endeudarse, entre esperar y sufrir, entre vivir y pagar.

Chile tiene los recursos, el conocimiento y la capacidad institucional para lograrlo. Lo que ha faltado es la decisión política y ética de asumir que la salud es un bien común, no un producto de lujo.

La pregunta que debemos hacernos como país no es si podemos permitirnos una salud digna para todos. La pregunta es si podemos seguir permitiéndonos una salud que no lo sea.

Porque un país que permite que la vida de sus ciudadanos dependa de su billetera, no solo tiene un sistema de salud enfermo. Tiene una democracia incompleta.