La falta de aplicación de los mecanismos de prevención y denuncia vuelve a poner bajo cuestionamiento el rol de los organismos encargados de garantizar la protección de los deportistas. Mientras se esperan respuestas, una solicitud de fiscalización parlamentaria busca esclarecer el destino de los recursos públicos vinculados al CNAD y a las organizaciones deportivas involucradas.
El caso Cobreloa continúa dejando al descubierto una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos institucionales destinados a prevenir, investigar y sancionar los abusos sexuales y otras formas de violencia en el deporte chileno. Esta vez, el cuestionamiento apunta directamente al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), cuya actuación y eventual inacción frente a los antecedentes conocidos obligan a revisar las responsabilidades de quienes tenían el deber de activar los mecanismos establecidos en la normativa deportiva.
Uno de los aspectos más delicados de esta controversia dice relación con las responsabilidades que recaen sobre los dirigentes de las organizaciones deportivas. El Decreto Supremo N.º 22 establece obligaciones y mecanismos de prevención, denuncia, investigación y sanción frente a situaciones de abuso sexual, acoso sexual, maltrato y discriminación en el ámbito deportivo.
Por ello, resulta indispensable determinar si los dirigentes de Cobreloa y de las entidades deportivas involucradas cumplieron oportunamente con sus obligaciones institucionales, si implementaron los protocolos correspondientes y si adoptaron las medidas necesarias para proteger a las víctimas.
La responsabilidad dirigencial no puede limitarse a administrar una institución, organizar competencias o representar deportivamente a un club. También implica garantizar que existan procedimientos efectivos de protección y que las denuncias sean abordadas conforme a la normativa vigente. La omisión en estas materias puede tener consecuencias institucionales y, dependiendo de los antecedentes, responsabilidades de carácter administrativo o de otra naturaleza.
EL CNAD BAJO LA LUPA
Pero las preguntas no terminan en las organizaciones deportivas. También corresponde examinar el papel que desempeñó el CNAD, organismo llamado a ejercer las competencias que le entrega la legislación deportiva en materia de disciplina y protección de los deportistas.
¿Qué actuaciones realizó frente a los antecedentes del caso Cobreloa? ¿Existieron procedimientos, investigaciones o medidas de resguardo? ¿Se fiscalizó el cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones involucradas? ¿Se adoptaron medidas frente a eventuales incumplimientos del Decreto 22?
Son preguntas que merecen respuestas claras. La existencia de una normativa de protección carece de sentido si los organismos responsables de hacerla efectiva no actúan oportunamente.
XIMENA OSSANDÓN SOLICITA FISCALIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS
En este contexto, un nuevo antecedente se suma a la controversia. La diputada Ximena Ossandón, mediante un oficio fechado el 18 de noviembre de 2026 y dirigido al director nacional subrogante del Instituto Nacional de Deportes, Juan Pablo Salgado, solicitó antecedentes sobre los fondos públicos vinculados al CNAD y a las organizaciones deportivas involucradas en los hechos relacionados con Cobreloa.
La parlamentaria solicita identificar los fondos asociados al Comité, precisar su naturaleza jurídica, beneficiarios y mecanismos de financiamiento, además de informar los montos transferidos durante los últimos cinco años a las entidades deportivas involucradas y el estado de sus rendiciones.
Uno de los puntos más relevantes del requerimiento apunta a determinar si existen causales y competencias legales que permitan evaluar la suspensión, retención o congelamiento preventivo de dichos recursos, estableciendo cuál sería el procedimiento y la autoridad competente para resolverlo.
Asimismo, solicita conocer las observaciones o reparos formulados por el IND o la Contraloría General de la República respecto del uso de estos fondos, tomando como antecedente el dictamen N.º OF186512N26, de fecha 1 de octubre de 2026.
La diputada también plantea una preocupación fundamental: que cualquier eventual medida sobre los recursos públicos no termine perjudicando a los deportistas ni a los programas de protección.
Oficio Diputada Ossandon 02_IND_fondos_CNAD
LAS RESPONSABILIDADES NO PUEDEN QUEDAR EN EL OLVIDO
Lo ocurrido en el caso Cobreloa obliga a una reflexión mucho más profunda sobre la institucionalidad deportiva chilena. No basta con contar con protocolos escritos, reglamentos y organismos especializados. Es indispensable que quienes tienen responsabilidades dirigenciales los implementen y que las instituciones fiscalizadoras cumplan efectivamente su función.
Si los dirigentes no implementaron los protocolos exigidos por el Decreto 22, deberán explicar las razones y asumir las consecuencias que correspondan, si se acreditan los incumplimientos. Y si los organismos llamados a intervenir no actuaron frente a antecedentes que requerían su atención, también deberán responder por su actuación.
La protección de los deportistas no puede depender de la voluntad de un dirigente ni quedar condicionada a la exposición pública de un caso. El sistema debe funcionar antes de que se produzcan nuevas víctimas, no solamente cuando el escándalo ya es imposible de ocultar.
El caso Cobreloa no puede terminar siendo otro episodio en que las víctimas deban luchar solas mientras las instituciones se limitan a emitir declaraciones.
Porque en el deporte, como en cualquier ámbito de la sociedad, los cargos dirigenciales no son privilegios: son responsabilidades. Y cuando se trata de proteger a niños, niñas y deportistas frente a situaciones de abuso, la omisión institucional también merece ser examinada.

