Un informe de auditoría del organismo fiscalizador detectó fallas en la gestión contractual y el resguardo de garantías financieras por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la megaobra que conectará el continente con la Isla Grande de Chiloé.

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados de una exhaustiva auditoría realizada a los estados de pago y la gestión administrativa del proyecto de construcción del Puente sobre el Canal de Chacao, revelando que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) omitió retenciones financieras por un monto superior a los $5.000 millones de pesos.

De acuerdo con el informe final de fiscalización, la Dirección de Vialidad no aplicó los descuentos legales y contractuales correspondientes en diversos estados de pago cursados al consorcio encargado de las obras. Estas retenciones tienen como objetivo principal resguardar el patrimonio fiscal y garantizar el fiel cumplimiento de los plazos, estándares técnicos y obligaciones laborales asociadas a la ejecución del proyecto.

Principales hallazgos de la auditoría

El documento emitido por el ente contralor detalla una serie de debilidades en los mecanismos de control interno y supervisión financiera de la obra:

  • Omisión de retenciones obligatorias: Se comprobó la falta de aplicación de retenciones estipuladas en las bases de licitación y en el reglamento para contratos de obras públicas, superando los $5 mil millones sin el debido resguardo en arcas fiscales.

  • Deficiencias en la revisión de estados de pago: El informe advierte debilidades en la verificación documental previa a la autorización de los desembolsos millonarios, lo que permitió que los pagos se cursaran sin las deducciones exigidas por la normativa vigente.

  • Riesgo para el patrimonio fiscal: La ausencia de estos fondos retenidos reduce la capacidad de cobertura del Estado frente a eventuales incumplimientos contractuales, retrasos injustificados o contingencias técnicas en la fase final de la megaestructura.

Instrucciones y plazos de regularización

Ante la gravedad de los antecedentes recopilados, la Contraloría ordenó al Ministerio de Obras Públicas instruir los procedimientos disciplinarios correspondientes para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la aprobación de dichos pagos.

Asimismo, se otorgó un plazo perentorio a la Dirección de Vialidad para que acredite la regularización contable, la recuperación o compensación de los montos omitidos en futuros estados de pago y la implementación de controles estrictos que impidan la repetición de estas falencias en la obra de infraestructura más importante del sur del país.